La presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a dar marcha atrás en su polémica reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que desató una ola de críticas por su intento de controlar plataformas digitales. El artículo 109, el centro de la controversia, otorgaba a la Agencia de Transformación Digital facultades para bloquear redes sociales y sitios web sin orden judicial, algo que la oposición y organismos internacionales calificaron como un ataque a la libertad de expresión.
La iniciativa, enviada al Senado por el gobierno de Morena, pretendía regular la difusión de propaganda extranjera, pero incluía un apartado que permitía al gobierno decidir qué plataformas digitales podían operar. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 alertaron que esto abría la puerta a una censura sin precedentes en México, comparándola con prácticas de regímenes autoritarios.
Sheinbaum, visiblemente molesta, salió a defender su propuesta en su conferencia matutina, asegurando que nunca fue su intención censurar. Sin embargo, la presión fue tal que tuvo que pedir a los senadores de Morena modificar o eliminar el artículo 109. Según la mandataria, el objetivo era evitar que gobiernos extranjeros transmitieran propaganda, pero el texto generó una “confusión” que ella misma reconoció.
El Senado, controlado por Morena, aprobó inicialmente la reforma en comisiones, pero tras el escándalo, decidió frenar su discusión. La aprobación, que estaba programada para el 28 de abril, se pospuso para un periodo extraordinario en mayo. Esto, según Sheinbaum, permitirá un diálogo con expertos y representantes del sector para “aclarar” la ley, aunque no especificó cómo se corregirá el problema.
La oposición no bajó la guardia. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que la ley era un intento de la 4T por controlar las redes sociales y silenciar voces críticas. Ricardo Anaya, del PAN, advirtió que el gobierno podría usarla para censurar a periodistas o comunicadores que “incomoden” al régimen. Incluso la ONU expresó preocupación por las posibles violaciones a los derechos digitales.
Otro punto controvertido es la creación de la Agencia de Transformación Digital, que asumiría las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta nueva entidad, encabezada por José Merino, tendría un poder descomunal sobre el espectro radioeléctrico y las concesiones, lo que preocupa a la industria de las telecomunicaciones. La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión pidió un debate abierto para evitar un modelo donde el Estado sea “juez y parte”.
Sheinbaum insistió en que su gobierno no busca nacionalizar medios ni limitar la libertad de expresión, pero sus palabras no convencen a todos. La difusión de un spot antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos en Televisa fue el detonante de esta reforma, que incluye multas de hasta el 5% de los ingresos a medios que transmitan propaganda extranjera. Sin embargo, la redacción ambigua del artículo 109 hizo que el foco se centrara en la censura.
El retroceso de Sheinbaum muestra el poder de la presión social y digital. Usuarios en redes sociales, junto con organizaciones civiles, lograron visibilizar el peligro de esta ley, obligando al gobierno a recular. Sin embargo, la discusión está lejos de terminar, y la 4T deberá demostrar que su intención no es controlar el internet mexicano. Por ahora, el artículo 109 pende de un hilo, pero la desconfianza hacia las verdaderas intenciones de Morena permanece.