El gobierno federal ha desatado una nueva controversia al acusar a jueces de liberar a más de 100 delincuentes entre 2024 y 2025. Según Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas liberaciones se han dado mediante resoluciones cuestionables, como traslados y egresos que benefician a criminales de alto impacto.
En la conferencia matutina de este jueves, García Harfuch presentó un informe que detalla 193 determinaciones judiciales que habrían favorecido a presuntos delincuentes. Estas decisiones, según el funcionario, han permitido que generadores de violencia regresen a las calles, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
El secretario señaló que los jueces involucrados han actuado de manera sistemática, tomando decisiones que debilitan los esfuerzos del gobierno por combatir la delincuencia. Estas acusaciones han encendido el debate sobre la corrupción en el Poder Judicial y su impacto en la lucha contra el crimen organizado.
García Harfuch no dudó en calificar estas liberaciones como inaceptables, argumentando que representan un retroceso en la estrategia nacional de seguridad. El gobierno de Claudia Sheinbaum, según el titular de la SSPC, está comprometido con desarticular redes criminales, pero las resoluciones judiciales complican estos esfuerzos.
El informe presentado incluye casos específicos donde delincuentes capturados en operativos de alto perfil fueron liberados en cuestión de días. Esto, según el gobierno, evidencia una falta de coordinación entre las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad, generando un ambiente de impunidad.
Las críticas del gobierno no se limitaron a los jueces. También se apuntó a la falta de mecanismos efectivos para garantizar que los criminales permanezcan bajo custodia. García Harfuch insistió en que estas liberaciones no solo afectan la seguridad, sino también la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Este nuevo señalamiento se suma a las tensiones entre el gobierno federal y el Poder Judicial, que han sido recurrentes en los últimos meses. Las acusaciones de García Harfuch han generado reacciones divididas, con algunos sectores exigiendo pruebas concretas y otros apoyando la postura del gobierno.
Mientras tanto, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas en el país, con ciudadanos exigiendo resultados tangibles. Las liberaciones de delincuentes, según el gobierno, agravan la situación y dificultan la construcción de un México más seguro.
El futuro de esta controversia dependerá de cómo respondan las autoridades judiciales y si se logran reformas para fortalecer el sistema de justicia. Por ahora, el gobierno mantiene su postura crítica, mientras la ciudadanía observa con preocupación el rumbo de la seguridad en el país.