La Operación Frontera Norte, lanzada el 5 de febrero de 2025, ha resultado en la detención de 3,028 personas, según el último reporte del gobierno federal. Este operativo, que busca reforzar la seguridad en la frontera con Estados Unidos, se presenta como una respuesta a la presión internacional, pero los números no ocultan la gravedad de la situación. La inseguridad en la región sigue desbordada, y las autoridades parecen incapaces de frenar el caos.
En tres meses, las fuerzas federales han asegurado 2,627 armas de fuego, un arsenal que evidencia la magnitud del problema. Además, se confiscaron más de 30,500 kilogramos de droga, incluyendo 163.35 kilogramos de fentanilo, un narcótico letal que sigue cruzando la frontera. Estos decomisos, aunque significativos, son apenas una gota en el océano del crimen organizado que opera con total impunidad en el norte del país.
El despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano no ha sido suficiente para calmar las alarmas. En estados como Sinaloa, Sonora y Baja California, los operativos han desmantelado campamentos clandestinos y laboratorios de metanfetaminas, pero la violencia no cede. En Culiacán, por ejemplo, se incautaron miles de litros de precursores químicos, pero los cárteles siguen operando sin freno.
El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que estas acciones son un éxito, pero la realidad es otra. La Operación Frontera Norte se acordó bajo la presión de Donald Trump, quien exigió resultados contra el narcotráfico para evitar aranceles del 25% a productos mexicanos. Este contexto pone en duda si el operativo es una estrategia genuina o una medida desesperada para complacer al vecino del norte.
En Nuevo León, uno de los últimos reportes detalla la detención de cinco personas en Guadalupe, junto con el decomiso de armas, drogas y equipo táctico. En Sonora, las autoridades desmantelaron un arsenal que incluía cintas para ametralladoras y chalecos tácticos. Estos operativos muestran la presencia de grupos armados fuertemente equipados, un problema que el gobierno no ha logrado contener.
El aseguramiento de 411,480 cartuchos y 12,742 cargadores refleja el nivel de armamento en manos del crimen organizado. Cada decomiso es una victoria temporal, pero la falta de una estrategia integral deja a la población vulnerable. Los ciudadanos en la frontera viven con miedo, atrapados entre los enfrentamientos y la incapacidad de las autoridades para garantizar su seguridad.
El fentanilo, uno de los principales objetivos del operativo, sigue siendo una amenaza creciente. Las más de un millón de pastillas confiscadas son solo una fracción de lo que cruza hacia Estados Unidos. Este narcótico, que ha disparado las muertes por sobredosis al otro lado de la frontera, es un recordatorio de que el problema trasciende las detenciones y requiere soluciones de fondo.
Mientras el gobierno federal presume resultados, la percepción de inseguridad no mejora. Los operativos, aunque numerosos, no han reducido los índices de violencia en la región. La Operación Frontera Norte puede mostrar números impresionantes, pero la falta de acción contundente contra los líderes de los cárteles deja claro que el problema está lejos de resolverse.
La colaboración con Estados Unidos, que incluye inteligencia compartida y sobrevuelos de drones, ha permitido algunas detenciones clave, como la de un líder de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, estas acciones no atacan la raíz del problema. La porosidad de la frontera y la corrupción interna siguen siendo obstáculos que el gobierno no ha sabido enfrentar.
La Operación Frontera Norte es un reflejo de la crisis de seguridad que México no puede ignorar. Los decomisos y detenciones son insuficientes cuando la violencia sigue cobrando vidas y los cárteles operan con libertad. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo seguirá el gobierno reaccionando a presiones externas en lugar de tomar el control de la seguridad interna?