En los primeros siete meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos en México han disminuido un 24.9 por ciento, según datos oficiales presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este descenso, que se reporta desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, marca una tendencia a la baja que el gobierno federal celebra como un logro de su Estrategia Nacional de Seguridad. Pero, ¿es realmente un avance sólido o solo una cortina de humo para ocultar otros problemas?
Marcela Figueroa, titular del Secretariado, destacó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 64.3 en abril de 2025. Este dato, según el gobierno, refleja un esfuerzo coordinado entre las fuerzas federales y estatales. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido, y las cifras siguen siendo alarmantes para un país que aún enfrenta serios problemas de inseguridad.
Siete estados concentran más de la mitad de los homicidios dolosos en el país: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco. Guanajuato, en particular, sigue siendo el epicentro de la violencia, con un 13.7 por ciento del total de víctimas a nivel nacional. A pesar de las detenciones de presuntos criminales, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué estas regiones siguen siendo tan peligrosas?
En Sinaloa, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado, se reportó una reducción del 25.8 por ciento en los homicidios. Sin embargo, la violencia en Culiacán y otras zonas sigue siendo una constante, con enfrentamientos entre grupos delictivos que mantienen a la población en zozobra. La supuesta “contención” de la violencia en esta región suena más a un discurso oficial que a una realidad palpable.
Baja California y el Estado de México también muestran avances, con reducciones del 31.3 y 19.3 por ciento, respectivamente. En Guerrero, la disminución fue aún más pronunciada, con un 46.1 por ciento menos de homicidios. Acapulco, en particular, registró una caída del 50.1 por ciento, un dato que el gobierno presume como un éxito rotundo. Pero, ¿qué tan sostenibles son estos resultados en un contexto de narcotráfico y corrupción?
Mientras el gobierno de Sheinbaum presume estas cifras, otros delitos de alto impacto, como la extorsión, han aumentado un 27.7 por ciento en el mismo periodo. Este incremento revela las grietas en la estrategia de seguridad, que parece enfocarse en un solo tipo de crimen mientras otros problemas crecen sin control. La ciudadanía se pregunta: ¿dónde está la solución integral que se prometió?
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que se han detenido a más de 17 mil personas por delitos de alto impacto y se han desmantelado cientos de laboratorios de drogas. Además, se incautaron toneladas de estupefacientes, incluyendo fentanilo. Sin embargo, estas acciones no han logrado frenar la percepción de inseguridad que sigue dominando en muchas regiones del país.
La Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes —atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación con estados—, parece mostrar resultados en papel. Pero en las calles, la realidad es otra: la violencia sigue siendo una amenaza constante, y los ciudadanos exigen más que estadísticas para sentirse seguros.
A pesar de los números, el gobierno insiste en que la tendencia a la baja continuará. Claudia Sheinbaum ha destacado que la reducción de homicidios es fruto de un trabajo diario y coordinado. Sin embargo, con estados como Guanajuato aún sumidos en la violencia y el aumento de otros delitos, la efectividad de esta estrategia sigue bajo escrutinio.
¿Estamos realmente avanzando hacia la paz, o son estas cifras solo un espejismo en medio de un país donde la inseguridad sigue reinando? La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta, y los mexicanos esperan acciones concretas que vayan más allá de los informes oficiales.