La Fiscalía General de la República ha puesto tras las rejas a dos expolicías del municipio de Tala, Jalisco, por su presunta vinculación con el rancho Izaguirre, un lugar señalado como centro de reclutamiento criminal en Teuchitlán. Este caso destapa, una vez más, la podredumbre que sigue creciendo en el país mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado.
José Antonio Solís Nava fue capturado en Colima, gracias a una operación conjunta entre la Policía Federal Ministerial y la Fiscalía de Jalisco. Se le acusa de desaparición forzada, un delito que pone en evidencia cómo la violencia se dispara sin control efectivo por parte del gobierno.
Un día antes, Gabriel Nieto Jiménez, otro exuniformado de Tala, cayó en manos de las autoridades estatales. Ambos son señalados por su posible complicidad en las actividades del rancho, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación habría operado impunemente, reclutando y adiestrando personas.
El rancho Izaguirre fue descubierto en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, pero las detenciones apenas están ocurriendo. Esto levanta serias dudas sobre la rapidez y eficacia de las instituciones para frenar la ola de inseguridad que azota a Jalisco y al país entero.
A estas detenciones se suma la de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, un supuesto reclutador del CJNG arrestado el sábado en la Ciudad de México. Reportado como desaparecido desde 2020, su captura revela cómo las redes criminales siguen tejiendo sus operaciones sin que el gobierno logre desmantelarlas.
Mientras tanto, la violencia no da tregua. Testimonios de víctimas apuntan a que policías de Tala entregaban personas a grupos delictivos, un hecho que agrava la crisis de seguridad y exhibe la colusión que sigue sin ser erradicada por las autoridades federales y locales.