La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a encender la polémica al exigir, una vez más, que la Fiscalía General de la República (FGR) tome las riendas de la investigación del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Con un tono que no deja lugar a dudas, señaló que es inadmisible que el gobierno federal siga de brazos cruzados mientras la verdad sobre este caso se desvanece entre las sombras.
El rancho, asegurado por la fiscalía de Jalisco desde septiembre de 2024, fue identificado como un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sheinbaum arremetió contra la lentitud de las autoridades, dejando claro que la FGR debe actuar de inmediato para esclarecer los hechos. “La verdad no puede esperar más”, afirmó, poniendo en evidencia las fallas del sistema.
La presión de la presidenta se intensificó tras la detención de José Gregorio, alias “El Lastra”, acusado de reclutar personas con engaños para el CJNG. Este arresto, ocurrido en la Ciudad de México, destapó una red de ofertas laborales falsas en redes sociales, un modus operandi que ha horrorizado a la opinión pública y que Sheinbaum no está dispuesta a pasar por alto.
Mientras la fiscalía estatal sigue controlando el predio, la mandataria criticó la falta de avances y la opacidad en las indagatorias. “No sabemos qué han hecho en seis meses”, dijo, dejando entrever que la inacción podría estar encubriendo algo mucho más grave. La exigencia de una investigación federal suena a ultimátum para una FGR que, hasta ahora, no ha mostrado prisa.
El caso del Rancho Izaguirre, donde se sospecha la presencia de restos humanos, ha puesto a prueba la capacidad del gobierno de Sheinbaum para enfrentar la crisis de seguridad. Con colectivos de madres buscadoras y la sociedad exigiendo respuestas, la presidenta busca lavar la cara de su administración, pero el reloj sigue corriendo y la desconfianza crece.