La falsa gestoría en Guanajuato ha generado una profunda indignación al aprovecharse de las víctimas de la violencia, un problema que azota al estado con una crudeza alarmante. En un contexto donde la inseguridad no da tregua, el colectivo A Tu Encuentro, fundado en Irapuato en 2019, prometía acompañar a familias en la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa de apoyo se transformó en un esquema de cobros indebidos, liderado por José Gutiérrez Cruz, quien ha sido señalado por explotar la tragedia de las víctimas. Esta falsa gestoría, que opera desde al menos 2020, ha dejado a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad, mientras las autoridades parecen incapaces de frenar estas prácticas.
El colectivo A Tu Encuentro, el primero en Guanajuato dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, tuvo en José Gutiérrez Cruz a su figura más visible. Inicialmente, su labor parecía enfocada en brindar apoyo a las familias afectadas por la violencia, pero pronto se descubrió que esta falsa gestoría cobraba por servicios que debían ser gratuitos. Según testimonios, Gutiérrez Cruz vendía documentos como el Protocolo Homologado de Búsqueda por 250 pesos y ofrecía servicios de “gestoría” como amparos, aprovechándose de la desesperación de las víctimas. Estas prácticas no solo se limitaron a A Tu Encuentro, sino que se extendieron a otras organizaciones, como Memoria Justicia y Comunidad, con las que Gutiérrez Cruz colabora actualmente. Este esquema de falsa gestoría ha sido denunciado por colectivos como Plataforma por la Paz y la Justicia, que exigieron la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), sin que se tomaran medidas efectivas.
La falta de respuesta de las autoridades agrava el problema. La falsa gestoría de Gutiérrez Cruz ha operado en un entorno donde la violencia en Guanajuato sigue en aumento, con un promedio de 12.5 homicidios dolosos diarios en febrero de 2025, según datos oficiales. Las víctimas, en su mayoría familias que buscan a seres queridos desaparecidos, enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también la explotación por parte de quienes prometen ayudarlas. Los cobros por servicios como amparos o trámites administrativos, que deberían ser gratuitos, han generado una red de lucro que se extiende a comunidades donde la violencia es recurrente. La falsa gestoría se aprovecha de la falta de acceso a información y recursos de las víctimas, quienes, en su desesperación, pagan sumas que no garantizan resultados.
El impacto de esta falsa gestoría trasciende lo económico. Las familias afectadas han denunciado que los servicios ofrecidos no cumplen con lo prometido, dejando a las víctimas en un estado de mayor desamparo. Por ejemplo, en casos relacionados con amparos promovidos contra la CEAIV, se ha documentado que la Comisión no siempre notifica de manera adecuada a las víctimas sobre apoyos como becas escolares o gastos funerarios. En una sentencia de amparo, una quejosa señaló que no recibió notificación sobre un apoyo de beca escolar, y aunque la CEAIV afirmó haber respondido, el juez determinó que la notificación carecía de validez por no cumplir con los protocolos legales. Este tipo de omisiones administrativas facilita que la falsa gestoría prospere, ya que las víctimas, al no recibir respuestas claras, acuden a estos gestores en busca de soluciones.
La inacción de las autoridades estatales ha sido un factor clave para que la falsa gestoría continúe operando. Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, reconoció en agosto de 2025 que existen grupos de abogados que cobran a las víctimas por servicios gratuitos, pero insistió en que se requiere una denuncia formal para actuar. Sin embargo, las buscadoras entrevistadas señalan que ni el gobierno estatal, ni la CEAIV, ni la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG) han intervenido de manera efectiva, temiendo ser acusados de violaciones a derechos humanos. Este temor ha permitido que la falsa gestoría se mantenga impune, mientras las víctimas enfrentan un sistema que no solo no las protege, sino que las expone a mayores abusos.
El contexto de violencia en Guanajuato agrava aún más la situación. El estado lidera las cifras nacionales de homicidios dolosos, con un incremento del 33.3% en el promedio diario de asesinatos entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Esta crisis de inseguridad, combinada con la explotación de las víctimas a través de la falsa gestoría, refleja un sistema fallido que no prioriza la justicia ni el bienestar de los afectados. Las familias que buscan a sus desaparecidos no solo deben lidiar con la incertidumbre y el dolor, sino también con la manipulación de quienes ven en su tragedia una oportunidad de lucro. La falsa gestoría se ha convertido en un negocio que explota la vulnerabilidad de las víctimas, mientras las autoridades parecen incapaces de ponerle fin.
La indignación por la falsa gestoría ha crecido entre los colectivos de buscadoras, quienes han alzado la voz para denunciar estas prácticas. Según información recabada por medios locales, las víctimas han compartido sus experiencias de manera anónima, temiendo represalias. Estas denuncias han revelado cómo los cobros indebidos se han extendido a servicios básicos, como la gestión de apoyos económicos o trámites legales, que deberían ser accesibles sin costo alguno. La falta de transparencia en los procesos administrativos de la CEAIV y la lentitud en la respuesta a las necesidades de las víctimas han creado un terreno fértil para que la falsa gestoría prospere.
Organizaciones civiles han señalado que la impunidad de la falsa gestoría es solo una parte del problema. La violencia en Guanajuato, que incluye masacres, homicidios y desapariciones, sigue sin ser controlada, lo que aumenta la desesperación de las familias. Reportes periodísticos han documentado cómo el estado se mantiene como líder en homicidios a nivel nacional, con ciudades como Celaya, León e Irapuato entre las más afectadas. En este contexto, la falsa gestoría no solo representa un abuso económico, sino una traición a la confianza de quienes buscan justicia y respuestas.
La información sobre estas prácticas ha sido recopilada a través de testimonios de víctimas y colectivos que trabajan en la búsqueda de desaparecidos. Las denuncias han sido compartidas en espacios de diálogo entre organizaciones civiles y medios locales, que han seguido de cerca el impacto de la violencia en Guanajuato. Además, reportes de instancias como la PRODHEG han confirmado las fallas de la CEAIV en la atención a víctimas, lo que indirectamente permite que la falsa gestoría continúe operando. Estas fuentes, que incluyen entrevistas con afectados y análisis de documentos oficiales, han sido clave para visibilizar este problema que afecta a las familias más vulnerables del estado.