El gobierno de España ha dado luz verde a un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37.5 horas semanales, un cambio que promete transformar la vida de millones de trabajadores. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Trabajo, ya fue enviada al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación. Este martes, el Consejo de Ministros marcó un hito al formalizar el texto, que podría entrar en vigor antes de que termine 2025.
La iniciativa, respaldada por los sindicatos mayoritarios como Comisiones Obreras y UGT, beneficiaría a cerca de 12.5 millones de asalariados en el país. Sectores como el comercio, la hostelería y la industria, donde las jornadas suelen ser más extensas, serían los más impactados por esta reforma. Sin embargo, la patronal ha expresado su rechazo, argumentando que el cambio podría generar un impacto económico negativo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
El proyecto no solo reduce el tiempo de trabajo, sino que también introduce medidas para garantizar su cumplimiento. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de un registro horario digital, que permitirá a la Inspección de Trabajo verificar que las empresas respeten la nueva jornada. Además, se reforzará el derecho a la desconexión digital, buscando proteger la salud mental de los trabajadores frente al estrés laboral.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la propuesta como un avance hacia la justicia social y la productividad. Según Díaz, las empresas españolas tienen márgenes suficientes para asumir esta reducción sin afectar sus resultados. También destacó que muchos convenios colectivos ya establecen jornadas menores a las 40 horas, lo que demuestra que el cambio es viable.
Sin embargo, el camino en el Parlamento no será fácil. El Partido Popular y Junts, un partido clave en el Congreso, han anunciado su oposición al proyecto. Junts argumenta que la medida perjudicaría a las pequeñas empresas, especialmente en Cataluña, y ha amenazado con presentar una enmienda para bloquear la ley. El gobierno, por su parte, confía en negociar con otros grupos para asegurar los votos necesarios.
Para atraer apoyos, el Ministerio de Trabajo ha sugerido recuperar un paquete de ayudas para las pymes, que incluiría bonificaciones para contratar personal que compense la reducción de horas. Estas ayudas, que inicialmente se descartaron tras el rechazo de la patronal, podrían ser clave para convencer a partidos como Junts durante el trámite parlamentario.
El proyecto establece que, de aprobarse, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva jornada. Esto dará un margen de transición para sectores con necesidades específicas, como la agricultura, donde se contempla una distribución irregular de horas para atender picos de trabajo.
La reducción de la jornada laboral cuenta con un amplio respaldo social en España. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los ciudadanos, incluidos votantes de partidos conservadores, apoyan la medida. Este apoyo popular podría presionar a los partidos a reconsiderar su postura durante las negociaciones en el Congreso.
Si la ley se aprueba sin cambios, España se unirá a otros países europeos que han apostado por jornadas laborales más cortas para mejorar la calidad de vida y la productividad. La reforma marcaría un antes y un después en el mercado laboral español, consolidando un modelo más equilibrado entre trabajo y vida personal.
El debate en el Parlamento será crucial para definir el futuro de esta reforma. Mientras el gobierno defiende su viabilidad, los partidos de oposición y los empresarios advierten sobre los desafíos que implica. Los próximos meses serán decisivos para determinar si España logra concretar este cambio histórico.