La violencia en México no da tregua y el gobierno de Sheinbaum sigue sin respuestas claras. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, admitió que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se cometieron asesinatos y torturas contra personas reclutadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, en un giro que genera más dudas que certezas, negó que el lugar fuera un centro de exterminio, pese a los escalofriantes hallazgos.
Según Harfuch, el rancho funcionaba como un centro de adiestramiento donde los reclutas, atraídos con falsas promesas de trabajo, eran sometidos a brutales entrenamientos. Los que se resistían o intentaban huir enfrentaban golpizas, torturas e incluso la muerte. La detención de José Gregorio “El Lastra”, señalado como reclutador del CJNG, destapó este modus operandi que operaba impunemente desde mayo de 2024.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, insiste en que no hay pruebas de un “campo de exterminio” y deja todo en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras, el país sigue sumido en la inseguridad y las autoridades parecen más enfocadas en minimizar el problema que en enfrentarlo de raíz.
Colectivos como Guerreros Buscadores han denunciado restos óseos y cientos de pertenencias en el lugar, pero el gobierno federal prefiere lavarse las manos. La captura de “El Lastra” en Ciudad de México reveló que usaba redes sociales para engañar a sus víctimas, un esquema que pone en evidencia la vulnerabilidad de miles ante el crimen organizado.
La falta de acción contundente del gobierno de Morena frente a esta crisis de violencia es alarmante. Jalisco, con más de 15 mil desaparecidos, sigue siendo un reflejo del fracaso en materia de seguridad, mientras las declaraciones oficiales solo siembran más incertidumbre entre la población.