Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, han dado un paso contundente al solicitar al Instituto Nacional Electoral la cancelación de 26 candidaturas a cargos judiciales. Estas candidaturas, parte del proceso electoral extraordinario 2024-2025, están bajo la lupa por presuntos vínculos con investigaciones penales y deficiencias académicas.
El informe presentado por ambos legisladores señala que 18 de los candidatos no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación. Según los documentos, estos aspirantes están relacionados con investigaciones federales por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y hasta delincuencia organizada. Algunos incluso enfrentan carpetas de investigación abiertas y órdenes de aprehensión.
Por si fuera poco, ocho candidaturas adicionales fueron impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo de 8.0 en sus estudios de licenciatura. Los promedios de estos aspirantes oscilan entre 7.0 y 7.93, lo que los descalifica para ocupar cargos de jueces y magistrados en diversos circuitos y salas del país.
Gerardo Fernández Noroña, conocido por su cercanía al oficialismo, había advertido desde el 23 de abril sobre la intención de impugnar a candidatos con nexos al crimen organizado. En declaraciones a medios, señaló que se habían detectado defensores de narcotraficantes intentando colarse al Poder Judicial a través de las elecciones del próximo 1 de junio.
Sergio Gutiérrez Luna, por su parte, enfatizó que la elección por voto popular no exime a los candidatos de cumplir con los requisitos éticos y constitucionales. Según el diputado, la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para garantizar la legitimidad del Poder Judicial, una institución clave para la justicia en México.
El proceso electoral del 1 de junio será histórico, con 99.7 millones de votantes convocados a elegir 881 cargos judiciales entre 3,422 candidatos. Sin embargo, las alertas sobre posibles infiltraciones del crimen organizado han encendido las alarmas entre la oposición, organismos internacionales como la ONU y asociaciones civiles.
Las campañas, que comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, han estado marcadas por la controversia. Las impugnaciones presentadas por el Senado y la Cámara de Diputados buscan evitar que personajes cuestionables lleguen a posiciones de poder dentro del sistema judicial mexicano.
El futuro del Poder Judicial está en juego, y esta acción de los legisladores pone en evidencia los retos que enfrenta México para garantizar una justicia imparcial y libre de influencias oscuras. La decisión final estará en manos del Instituto Nacional Electoral y, posiblemente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.