Un nuevo capítulo de controversia envuelve al proyecto del viaducto elevado sobre el río Santa Catarina en Nuevo León. Organizaciones civiles han levantado la voz para denunciar la falta de transparencia en esta obra impulsada por el gobierno estatal. Según los colectivos, las autoridades han mantenido en la opacidad información clave sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto.
El colectivo Calles de Primer Nivel, junto con otros grupos, ha señalado que el gobierno no ha compartido estudios detallados de impacto ambiental ni ha realizado consultas ciudadanas. Esta falta de apertura ha generado desconfianza entre la población. Los activistas advierten que el viaducto podría dañar irreversiblemente el ecosistema del río, un área vital para la biodiversidad de Monterrey.
El proyecto, que busca construir una vía elevada de cuota en la avenida Morones Prieto, ha sido promovido por el gobernador Samuel García como una solución al tráfico en la zona metropolitana. Sin embargo, los críticos argumentan que la obra podría empeorar problemas como la contaminación del aire y el riesgo de inundaciones, especialmente tras eventos climáticos como el huracán Alex o la tormenta Alberto.
Leticia Esquer, urbanista y miembro de Calles de Primer Nivel, ha destacado que el gobierno ha ignorado solicitudes de información pública. En abril de 2024, el colectivo interpuso un amparo para suspender el proyecto, argumentando omisiones legales. A pesar de esto, marcas en el pavimento sugieren que los estudios preliminares ya están en marcha, lo que ha avivado las sospechas de irregularidades.
Otro punto de preocupación es la participación de la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones, encargada de la construcción. Según reportes, la licitación del proyecto se llevó a cabo sin total claridad. La Red Estatal de Autopistas reservó información relevante por cinco años, alegando que se trata de un proceso deliberativo, lo que ha sido criticado como una maniobra para evitar el escrutinio público.
Los riesgos ambientales son una de las principales banderas de los opositores. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto admite que la obra provocará la remoción de vegetación y podría alterar el funcionamiento hidráulico del río. Esto, sumado a la historia de inundaciones en la región, ha llevado a expertos a advertir sobre posibles catástrofes si el viaducto se construye sin las debidas precauciones.
Organizaciones como Un Río en el Río han enfatizado que el cauce del Santa Catarina no está muerto, como algunos creen. Por el contrario, alberga más de 800 especies, incluidas algunas protegidas, como la mariposa monarca y el castor americano. La construcción del viaducto podría fragmentar estos hábitats y desplazar a la fauna, afectando el equilibrio ecológico de la zona.
La presión ciudadana ha logrado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales convoque a una consulta pública, que estará abierta hasta el 20 de mayo de 2025. Este espacio permitirá a los habitantes de Nuevo León expresar su postura sobre la obra. Sin embargo, los colectivos insisten en que la consulta debe ir acompañada de información clara y accesible para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas.
La controversia no solo pone en tela de juicio la gestión del proyecto, sino también la prioridad del gobierno estatal en materia de movilidad. Mientras las autoridades defienden el viaducto como una solución moderna, los activistas proponen alternativas sostenibles, como la reconfiguración de vialidades existentes y la promoción del transporte público. Estas opciones, aseguran, serían menos invasivas para el medio ambiente.
El debate sobre el viaducto elevado está lejos de concluir. La ciudadanía exige respuestas claras y un compromiso real con la protección del río Santa Catarina. Por ahora, la opacidad del proyecto sigue siendo el principal obstáculo para generar confianza en una obra que, según sus detractores, podría cambiar para siempre el rostro de Monterrey.