José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por la Fiscalía General de la República. Su arresto se enmarca en las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre, un predio señalado como centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este caso ha sacudido al país por la magnitud de los crímenes descubiertos.
El Rancho Izaguirre, ubicado en La Estanzuela, Teuchitlán, fue identificado como un lugar donde se reclutaban, entrenaban y asesinaban personas. Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron restos humanos, ropa y objetos personales que evidencian la barbarie. Las autoridades federales ahora investigan a fondo la posible complicidad de funcionarios locales.
Murguía Santiago, militante de Movimiento Ciudadano, ha gobernado Teuchitlán en tres periodos distintos. Durante su gestión, el rancho operaba sin que las autoridades municipales reportaran actividad sospechosa. Esto ha generado cuestionamientos sobre la omisión o posible encubrimiento de las actividades delictivas.
La detención del alcalde marca un hito en el caso, siendo el primer servidor público aprehendido por estos hechos. La Fiscalía General de la República lo señala como presunto responsable de delitos relacionados con delincuencia organizada. Las investigaciones buscan esclarecer hasta dónde llega la red de complicidad.
El caso del Rancho Izaguirre salió a la luz en marzo de 2025, cuando buscadores encontraron hornos crematorios clandestinos y restos óseos. Desde entonces, la indignación ha crecido ante la falta de acción previa de las autoridades locales. El predio ya había sido intervenido en 2024, pero no se resguardó adecuadamente.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado los hechos como terribles y ha insistido en que la investigación debe ser exhaustiva. Sin embargo, críticos señalan que la respuesta del gobierno federal ha sido lenta. La atracción del caso por la Fiscalía General de la República busca dar claridad, pero las dudas persisten.
Vecinos de Teuchitlán, un municipio conocido por su tranquilidad y la zona arqueológica de Guachimontones, temen que el caso afecte su economía, basada en el turismo y la agricultura. La comunidad se siente estigmatizada, mientras piden justicia para las víctimas del rancho.
Las madres buscadoras, que han sido clave en destapar este caso, exigen que no se minimice la gravedad de los hechos. Denuncian que el Rancho Izaguirre era un centro de reclutamiento forzado, donde jóvenes eran engañados con falsas ofertas de empleo. La investigación federal ahora debe responder a estas demandas.
La detención de Murguía Santiago no cierra el caso, sino que abre nuevas preguntas. ¿Quiénes más sabían del rancho? ¿Por qué no se actuó antes? La sociedad espera respuestas claras mientras el país enfrenta, una vez más, el rostro más cruel de la violencia.