La Ciudad de México enfrenta una nueva ola de inseguridad en su transporte público. Las autoridades capitalinas, encabezadas por Clara Brugada, han implementado un protocolo de atención ante los crecientes reportes de “pinchazos” con jeringas en el Metro y Metrobús. Este fenómeno, que ha generado alarma entre los usuarios, pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en los sistemas de transporte que millones utilizan diariamente.
Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se han registrado 41 denuncias por estos incidentes. De estos casos, 33 ocurrieron en el Metro, cuatro en el Metrobús, tres en la vía pública y uno en el Pumabús. La gravedad de la situación ha obligado al gobierno a reaccionar, pero muchos ciudadanos cuestionan si estas medidas serán suficientes para frenar esta amenaza.
El protocolo, presentado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, establece que la policía de proximidad actuará como primer respondiente ante cualquier denuncia. Las víctimas reciben atención médica inmediata y son trasladadas a centros de salud para evaluaciones toxicológicas. Sin embargo, los resultados son preocupantes: solo 15 casos han mostrado lesiones visibles por punción, y apenas cuatro han confirmado la presencia de estupefacientes en el organismo.
Clara Brugada anunció el despliegue de 5,800 elementos policiales en el Metro, incluyendo agentes encubiertos y operativos con binomios caninos. Estas medidas buscan disuadir a los agresores y detectar sustancias ilícitas. No obstante, la pregunta persiste: ¿por qué no se actuó antes, cuando los primeros casos comenzaron a reportarse en marzo de este año?
La jefa de Gobierno ha insistido en que no hay evidencia de secuestros o agresiones sexuales vinculadas a estos pinchazos, pero la percepción de inseguridad crece. Usuarios reportan síntomas como mareos, náuseas y somnolencia tras sentir un piquete, lo que ha generado pánico en estaciones concurridas como las de las líneas 2, 3, 12 y B del Metro.
La Fiscalía, liderada por Bertha Alcalde Luján, asegura que los casos están siendo investigados minuciosamente. Sin embargo, la falta de avances concretos en las indagatorias alimenta la desconfianza. En algunos incidentes, como el reportado en la estación Allende, las víctimas han tenido que depender de la rápida intervención de la Policía Bancaria para recibir ayuda.
Organizaciones civiles y colectivos han alzado la voz, exigiendo no solo medidas reactivas, sino estrategias preventivas. La activista Fernanda Torres, del colectivo “No es una. Somos todas”, ha señalado que los agresores aprovechan el caos y la falta de vigilancia para actuar impunemente. Esto pone en tela de juicio la efectividad de las políticas de seguridad del actual gobierno.
La ciudadanía, por su parte, vive con miedo. Historias como la de José Dean, quien relató en redes sociales haber sido pinchado en la Línea 12, se han viralizado, incrementando la sensación de vulnerabilidad. Mientras el gobierno promete reforzar la vigilancia, muchos se preguntan si estas acciones llegarán demasiado tarde para quienes ya han sido víctimas.
Este escenario refleja un problema más profundo: la incapacidad de garantizar la seguridad en un sistema de transporte que es el corazón de la movilidad en la capital. Los usuarios exigen respuestas claras y resultados tangibles, no solo promesas de protocolos que, hasta ahora, no han detenido la ola de agresiones.
La crisis de los pinchazos es un recordatorio de que la inseguridad no da tregua en la Ciudad de México. Mientras las autoridades intentan contener el problema, la confianza de los capitalinos en su gobierno se erosiona cada día más.