La organización civil Causa en Común ha revelado un preocupante incremento del 26 por ciento en las desapariciones en México durante los primeros cuatro meses de 2025. Según datos oficiales, entre enero y abril se registraron 5,018 casos, en contraste con los cerca de 4,000 reportados en el mismo periodo de 2024. Este aumento refleja una crisis de seguridad que parece desbordar al gobierno federal.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que México enfrenta un promedio de 42 desapariciones diarias. Desde 1964, se estima que más de 127,000 personas han desaparecido en el país. La magnitud de esta tragedia pone en evidencia la falta de estrategias efectivas para abordar el problema.
Causa en Común destacó que, entre enero y marzo de 2025, 11 estados registraron más desapariciones que homicidios. En la Ciudad de México, por ejemplo, se reportaron 581 casos de personas desaparecidas frente a 242 asesinatos. En el Estado de México, las cifras son aún más alarmantes: 611 desapariciones contra 481 homicidios.
En los primeros siete meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han identificado al menos 8,551 casos de personas desaparecidas y 155 fosas clandestinas. Estos números reflejan un panorama desolador, agravado por la reciente aparición de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que sería un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La organización criticó duramente la inacción del gobierno federal, acusándolo de indolencia ante las víctimas y de descalificar a organismos internacionales. Hace un mes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que las desapariciones forzadas en México son un problema sistemático, pero el gobierno respondió con evasivas.
Causa en Común también cuestionó la gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda, exigiendo la destitución de su titular, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, por considerarla inadecuada para el cargo. Además, denunció que el Sistema Nacional de Búsqueda no ha sesionado desde septiembre de 2024.
Entre las recomendaciones de la organización está revertir la militarización del país y fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno parece más enfocado en controlar datos biométricos y censurar redes sociales que en resolver esta crisis.
La ONG advirtió que las acciones propuestas por el gobierno carecen de profundidad y no abordan el fortalecimiento de instituciones clave como las policías, las fiscalías o las unidades forenses. Mientras tanto, miles de familias siguen en la incertidumbre, buscando a sus seres queridos sin respuestas.
Este panorama pone presión sobre la administración de Sheinbaum, que enfrenta crecientes demandas para actuar con urgencia. La crisis de desapariciones no solo es un desafío de seguridad, sino una herida abierta en el tejido social del país.
La indiferencia del gobierno ante esta tragedia ha generado indignación entre activistas y organizaciones, que exigen soluciones concretas y no promesas vacías. México sigue esperando una respuesta que ponga fin a esta dolorosa realidad.