La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, ha tomado una decisión drástica en México debido a una severa crisis financiera que afecta sus operaciones a nivel global. Este viernes, la organización anunció el cierre de cuatro de sus oficinas en el país, una medida que responde a los recortes presupuestales impulsados principalmente por la falta de fondos provenientes de Estados Unidos.
Las oficinas clausuradas se encuentran en Palenque y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, así como en Tenosique, Tabasco, y Guadalajara, Jalisco. Estas ciudades, especialmente las ubicadas en la frontera sur, son puntos clave para la atención de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a México huyendo de la violencia y la persecución en sus países de origen.
ACNUR ha aclarado que, pese a los cierres, no abandonará México. La organización mantendrá ocho oficinas operativas en Ciudad de México, Tapachula, Aguascalientes, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Villahermosa, Ciudad Juárez y Tijuana. Sin embargo, la reducción de su presencia genera preocupación sobre la capacidad para atender a miles de personas que buscan protección.
La crisis financiera de ACNUR se atribuye en gran medida a la congelación de fondos ordenada por el gobierno de Donald Trump. En 2024, Estados Unidos aportó más de 2 mil millones de dólares, equivalente al 40% del presupuesto total de la agencia. La drástica disminución de estos recursos ha obligado a ACNUR a reestructurar sus operaciones en todo el mundo, y México no ha sido la excepción.
El cierre de oficinas no solo implica menos infraestructura, sino también la pérdida de empleos. Según Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, la organización despidió a más de 190 empleados, a quienes describió como “valientes, capaces y preparados”. Esta reducción de personal podría limitar aún más la asistencia humanitaria en un momento crítico.
En 2024, México registró casi 80 mil solicitudes de asilo, consolidándose como uno de los diez países con mayor número de peticiones en el mundo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) enfrenta sus propios retos, como limitaciones presupuestales y un sistema de asilo sobrecargado, lo que complica la atención a las personas desplazadas.
El informe anual de ACNUR también destacó que, en 2023, más de 320 mil familias en México se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y el crimen organizado. En Chiapas, uno de los estados más afectados, 11 mil personas fueron desplazadas, y 600 cruzaron la frontera hacia Guatemala buscando seguridad.
La digitalización y el uso de tecnología biométrica en los procesos de COMAR han sido avances significativos, pero no suficientes para contrarrestar las crecientes necesidades. La reducción de las operaciones de ACNUR podría agravar la situación, especialmente para mujeres y niñas migrantes, quienes enfrentan riesgos extremos como violencia sexual y secuestros.
Mientras ACNUR lucha por mantener su presencia en México, la comunidad internacional observa con preocupación. La disminución de recursos no solo afecta a las personas refugiadas, sino que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante una crisis humanitaria que no muestra señales de disminuir.