Un nuevo escándalo sacude la elección judicial en México. Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez federal en Durango, estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, según reveló la organización civil Defensorxs. Este caso eleva a 12 el número de aspirantes al Poder Judicial señalados por vínculos con actividades ilícitas o antecedentes cuestionables.
Chávez Vargas, quien busca un cargo como juez de distrito en materia penal, fue condenado en 2015 en una corte de California. Pasó al menos seis años en una prisión federal por su participación en una red de distribución de drogas. La organización Defensorxs, dedicada a investigar a los candidatos, descubrió esta información tras un análisis exhaustivo de los perfiles.
El candidato afirmó en su currículum haber trabajado en la Suprema Corte de Estados Unidos, una declaración que ha generado dudas sobre su veracidad. Las autoridades mexicanas no han aclarado cómo alguien con estos antecedentes logró registrarse como aspirante a un puesto tan relevante en el sistema judicial.
Este caso se suma a otros señalamientos en el proceso de elección judicial, programada para el 1 de junio. Entre los candidatos cuestionados hay personas vinculadas a cárteles, abuso de poder y negligencia administrativa. La falta de filtros efectivos en los comités de evaluación ha desatado críticas sobre la transparencia del proceso.
Defensorxs ha denunciado que el sistema de selección permite la participación de perfiles con historiales incompatibles con la impartición de justicia. En el caso de Chávez Vargas, su condena en Estados Unidos plantea serias preguntas sobre la idoneidad de su candidatura y la supervisión de las autoridades responsables.
La elección judicial, impulsada como una reforma para democratizar el Poder Judicial, enfrenta un creciente escrutinio. Organizaciones civiles advierten que la presencia de candidatos con antecedentes penales podría minar la confianza en el sistema de justicia mexicano.
El Senado, encargado de elaborar las listas de aspirantes, ha sido señalado por apresurar el proceso sin investigaciones a fondo. Esta situación ha generado un goteo constante de revelaciones que cuestionan la integridad de los futuros jueces y magistrados.
Mientras se acerca la fecha de la votación, el caso de Chávez Vargas pone en evidencia las fallas en los mecanismos de evaluación. La sociedad mexicana observa con preocupación cómo se definirá el futuro de un Poder Judicial que debería garantizar imparcialidad y justicia.
La organización Defensorxs continuará vigilando a los candidatos, pero el tiempo apremia. Con casi 900 cargos en juego, la tarea de garantizar la idoneidad de los aspirantes parece un desafío cada vez más complejo.
Este escándalo refuerza la percepción de que el proceso electoral judicial está lejos de ser perfecto. La pregunta ahora es si las autoridades tomarán medidas para evitar que personas con antecedentes como los de Chávez Vargas lleguen a ocupar cargos clave en la justicia mexicana.