El príncipe Harry ha sufrido un duro golpe en su lucha por recuperar la protección policial financiada por el gobierno británico, la cual le fue retirada en 2020 tras abandonar sus funciones como miembro activo de la familia real. Este viernes 2 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido desestimó su recurso, confirmando que no tendrá derecho a seguridad automática durante sus visitas al país.
La decisión del tribunal, encabezada por el juez Geoffrey Vos, respalda la postura del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas, conocido como Ravec. Este organismo determinó que la seguridad de Harry debe evaluarse caso por caso, en lugar de otorgarle el mismo nivel de protección que reciben los miembros de la realeza con roles oficiales.
Harry, de 40 años, había argumentado que la falta de protección adecuada pone en riesgo su vida y la de su familia. Su abogada, Shaheed Fatima, destacó que el duque y su esposa, Meghan Markle, se vieron forzados a renunciar a sus deberes reales, pero deseaban seguir apoyando a la reina Isabel II de manera privada. Sin embargo, el tribunal consideró que sus sentimientos de agravio no constituyen un argumento legal sólido.
El caso tiene raíces en 2020, cuando Harry y Meghan decidieron mudarse a Estados Unidos, estableciéndose en California con sus dos hijos, Archie y Lilibet. Desde entonces, el Ministerio del Interior británico optó por un modelo de seguridad personalizado para el príncipe, que él considera insuficiente, especialmente tras recibir amenazas, incluyendo una de Al Qaeda en 2023.
El duque de Sussex asistió personalmente a las audiencias del 8 y 9 de abril en Londres, mostrando cuánto significa este caso para él. En declaraciones previas, Harry expresó su deseo de que sus hijos puedan sentirse seguros en el Reino Unido, su país natal, pero la falta de garantías de seguridad lo ha llevado a limitar sus viajes familiares.
El fallo representa no solo una derrota legal, sino también un obstáculo personal para Harry. Según reportes, el príncipe teme por la seguridad de Meghan y sus hijos en suelo británico, lo que podría alejarlos aún más de su tierra natal. Además, enfrenta una factura legal estimada en más de 1.5 millones de libras, un costo significativo tras esta batalla judicial.
La decisión del tribunal también refleja el cambio de estatus de Harry tras su salida de la realeza. El gobierno británico argumenta que, al no ser un miembro activo de la familia real ni residir en el país, su protección no puede equipararse a la de otros royals con responsabilidades oficiales. Este enfoque ha sido ratificado por los jueces, quienes consideran que el sistema actual es justo y proporcionado.
Aunque Harry podría intentar apelar ante el Tribunal Supremo, no está claro si seguirá ese camino. Por ahora, este veredicto marca un capítulo más en las tensiones entre el duque y las instituciones británicas, un conflicto que combina elementos legales, personales y familiares.
El caso ha captado la atención mundial, no solo por la figura de Harry, sino por lo que representa: un príncipe que busca equilibrar su seguridad con su vida lejos de la monarquía. Mientras tanto, sus visitas al Reino Unido siguen siendo esporádicas y, en su mayoría, en solitario, marcadas por la incertidumbre sobre su protección.
Este revés legal subraya los desafíos que enfrenta Harry en su nueva vida en Estados Unidos, donde ha intentado forjar un camino independiente junto a Meghan. La resolución del tribunal podría tener implicaciones duraderas para su relación con el Reino Unido y su familia real.