El Congreso de Sinaloa aprobó el desafuero de Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, en una sesión que culminó en la madrugada del viernes 2 de mayo. La decisión, tomada por unanimidad con 39 votos, también alcanzó al diputado local de Morena, Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento.
La Fiscalía General del Estado impulsó el proceso tras detectar irregularidades en un contrato de arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos. Según la Auditoría Superior del Estado, el contrato se adjudicó de manera directa a la empresa Grinleasing, violando la obligatoriedad de una licitación pública.
La investigación señala un posible daño patrimonial de 14.5 millones de pesos, ya que el servicio contratado no se prestó en el ejercicio fiscal 2024. Estas anomalías llevaron a la Fiscalía a acusar a ambos funcionarios de ejercicio indebido del servicio público.
Horas antes de la votación, Vargas Landeros solicitó una licencia temporal de 90 días al Cabildo de Ahome para enfrentar el proceso legal. En un video difundido en redes sociales, calificó la acción como injusta y sin fundamento, defendiendo su gestión como transparente.
El ahora exalcalde afirmó que Ahome es uno de los municipios más seguros del país, según datos del INEGI. Sin embargo, no abordó directamente las acusaciones sobre el contrato irregular ni las sospechas de corrupción que pesan en su contra.
La sesión legislativa, realizada en estricto hermetismo, comenzó a las 20:15 horas del jueves y se extendió hasta las 2:20 de la madrugada. Las restricciones incluyeron la prohibición de dispositivos electrónicos y el acceso limitado a la prensa.
Además de las acusaciones por corrupción, Vargas Landeros ha enfrentado señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Estas sospechas, reportadas por medios, no han sido confirmadas oficialmente.
El Congreso designó a Rosa Margarita Velázquez Valdez como alcaldesa sustituta de Ahome. La decisión marca el tercer proceso de desafuero contra un alcalde de Morena en Sinaloa en menos de tres años, lo que ha generado críticas sobre la gestión del partido.
El caso ha desatado controversia, con algunos sectores cuestionando posibles motivaciones políticas detrás del proceso. Sin embargo, el gobernador Rubén Rocha Moya se mantuvo al margen, afirmando que el Ejecutivo no interviene en estos casos.
El desafuero permite que Vargas Landeros y García Castro enfrenten un proceso penal como ciudadanos comunes, sin la protección de su fuero. El desarrollo de las investigaciones será clave para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.