La Organización de las Naciones Unidas ha puesto a México en el centro de la crítica internacional al activar un mecanismo sin precedentes contra las desapariciones forzadas. Por primera vez, el Comité contra la Desaparición Forzada aplicó el artículo 34 de la Convención, señalando que hay indicios de que este delito se practica de manera generalizada y sistemática en el país. Esta medida, considerada una de las más severas, coloca a México como un punto de alto riesgo en el panorama global.
El informe del Comité no deja lugar a dudas: México enfrenta una crisis de inseguridad que ha escalado a niveles alarmantes. Desde 2006, las desapariciones han crecido exponencialmente, con más de 116,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas hasta agosto de 2024. La militarización de la seguridad pública, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, es señalada como un detonante clave de esta tragedia, que ha dejado a miles de familias en la incertidumbre.
El gobierno federal, encabezado por Morena, ha sido duramente cuestionado por su inacción. A pesar de las alertas emitidas desde 2021, las autoridades no han implementado medidas efectivas para frenar esta ola de violencia. Organismos internacionales han calificado la situación como un reflejo de la indolencia y la falta de compromiso del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Las cifras son devastadoras. De las 116,386 personas desaparecidas, 89,121 son hombres, 26,749 mujeres y 516 no tienen un sexo definido. El 88% de estos casos se han registrado desde 2006, evidenciando un problema estructural que no ha sido atendido. Las familias, desesperadas, han tomado en sus manos la búsqueda de sus seres queridos, organizándose en colectivos que exigen justicia y respuestas.
La activación del artículo 34 por parte de la ONU no es un hecho aislado. Organizaciones como Amnistía Internacional han alertado que el gobierno mexicano ha minimizado la magnitud del problema. Mientras tanto, los colectivos de búsqueda han señalado que las autoridades no actúan con la rapidez ni la eficacia necesarias, dejando a las víctimas en un limbo de impunidad.
En el ámbito judicial, los avances son mínimos. Hasta 2021, solo se habían emitido 36 sentencias por desaparición forzada a nivel nacional, un número insignificante frente a la magnitud de la crisis. La falta de investigaciones efectivas y la presunta complicidad de algunas autoridades con los responsables agravan aún más la situación, perpetuando lo que algunos han llamado “el crimen perfecto”.
A pesar de la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2017 y de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, los resultados son insuficientes. Los colectivos de familiares, convertidos en expertos en la búsqueda de personas, siguen enfrentándose a obstáculos institucionales y a la indiferencia de las autoridades, lo que intensifica su dolor y frustración.
La sentencia de la ONU es un llamado urgente a la acción, pero también un recordatorio de las deudas pendientes del Estado mexicano con las víctimas y sus familias. La impunidad, la violencia y la falta de voluntad política han convertido a las desapariciones forzadas en una herida abierta que afecta a toda la sociedad. México, bajo el escrutinio internacional, enfrenta el desafío de revertir esta crisis que parece no tener fin.