Un juez federal de Estados Unidos está examinando si el gobierno de Donald Trump desobedeció una orden judicial al deportar a más de 200 venezolanos a El Salvador. La operación, ejecutada el pasado sábado, buscaba expulsar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua bajo una polémica ley de 1798, pero el magistrado James Boasberg había prohibido estas acciones horas antes.
La Casa Blanca insiste en que no violó la orden, argumentando que los vuelos ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense cuando se emitió el fallo. Sin embargo, Boasberg exige detalles precisos sobre los horarios de despegue y la ruta de los aviones, cuestionando si la administración actuó a sabiendas para evadir su mandato.
El caso ha generado tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, con el gobierno defendiendo su autoridad en temas de seguridad nacional. Mientras tanto, los deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele celebró la llegada con un mensaje burlón en redes sociales.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los afectados denuncian que muchos no tienen vínculos con bandas criminales y que se les negó el debido proceso. El juez ha dado un ultimátum al gobierno para que justifique sus acciones antes del martes, en un conflicto que podría escalar al Tribunal Supremo.
Este episodio reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en política migratoria y el uso de leyes históricas en contextos modernos. La administración Trump mantiene su postura de mano dura, pero el desenlace judicial podría definir el rumbo de futuras deportaciones.