El Senado de México ha vuelto a encender la polémica al modificar las fechas para el nombramiento de magistrados electorales locales, una decisión que huele a maniobra política bajo la mesa. Este cambio, aprobado por la mayoría de Morena, no solo retrasa el proceso, sino que también deja en la oscuridad la lista de candidatos, alimentando sospechas sobre la transparencia del partido en el poder.
La excusa oficial es que se necesita más tiempo para “garantizar” un proceso adecuado, pero los críticos no compran el cuento. Senadores de oposición denuncian que esta jugada busca controlar quiénes llegarán a los tribunales electorales, piezas clave para las elecciones que Morena quiere dominar a como dé lugar. Sin nombres a la vista, el sospechosismo crece.
El ajuste aplaza las designaciones previstas para abril y las manda hasta junio, justo cuando el calendario electoral empieza a calentarse. Esto podría darle al oficialismo una ventaja estratégica, colocando a figuras afines en puestos que decidirán controversias electorales. La opacidad en los candidatos solo aviva el fuego de las acusaciones.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) queda en una posición incómoda, obligado a ajustar sus planes ante este nuevo capricho legislativo. La falta de claridad en el proceso pone en jaque la confianza en las instituciones, algo que Morena parece ignorar o, peor aún, aprovechar a su favor.