La diputada local de Morena, Alhely Medina Hernández, ha generado controversia al solicitar una licencia de 30 días en el Congreso de Hidalgo, justo cuando enfrenta una orden de aprehensión por su presunta vinculación en un caso de abuso sexual contra dos menores en Zimapán. La legisladora, representante del distrito I, ha estado en el ojo del huracán tras las acusaciones que la señalan como posible participante en los hechos denunciados en 2022.
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública, involucra a cinco personas, entre ellas Arturo Williams Trejo Leal, empresario y político de Morena, su esposa Eva Medina Trejo, hermana de la diputada, y otros familiares. Según los testimonios de las menores, recabados por la Fiscalía General de la República, Alhely Medina habría estado presente durante los actos denunciados, aunque no se ha determinado jurídicamente quiénes son los responsables directos.
La solicitud de licencia de Medina Hernández fue aprobada con 24 votos a favor y ninguno en contra, según el Congreso de Hidalgo. Sin embargo, la legisladora no ha ofrecido explicaciones claras sobre los motivos de su ausencia temporal, lo que ha levantado sospechas sobre un posible intento de evadir la justicia. Su ausencia en sesiones legislativas previas ya había generado críticas, y ahora, con esta licencia, las dudas sobre su implicación crecen.
El caso Trejo Leal, como se le conoce, ha destapado una red de acusaciones que mezclan política y delitos graves. La denuncia inicial, presentada en junio de 2022 por la madre de las víctimas, Jaqueline Trejo Leal, señala que los abusos ocurrieron entre el 18 y el 27 de abril de ese año en un domicilio en Zimapán. Las menores, actualmente bajo protección en un refugio federal, han identificado a varios familiares, incluyendo a la diputada, en los hechos.
Medina Hernández ha negado las acusaciones en el pasado, calificándolas de “calumnias” y “persecución política”. En febrero de este año, durante una rueda de prensa, aseguró que no existe ninguna carpeta de investigación en su contra y anunció que tomaría acciones legales contra quienes la señalan. Sin embargo, la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República pone en entredicho sus declaraciones.
El caso ha expuesto las tensiones dentro de Morena en Hidalgo, donde la protección a figuras políticas cercanas al partido ha sido cuestionada. Arturo Williams Trejo, uno de los principales señalados, ha argumentado que las acusaciones tienen un trasfondo económico relacionado con una herencia familiar, mientras que su hermana, quien representa legalmente a las menores, denuncia que hay encubrimiento por parte de las autoridades locales.
La carpeta de investigación revela peritajes contradictorios, algunos que sugieren abuso y otros que lo descartan, lo que ha complicado el proceso judicial. A pesar de esto, la voz de las menores ha sido clave para girar las órdenes de aprehensión contra los implicados, incluyendo a la diputada. La falta de claridad en las pruebas ha alimentado las especulaciones sobre manipulación y encubrimiento.
La licencia de Alhely Medina ha sido vista por muchos como una maniobra para ganar tiempo frente a la presión judicial. Mientras tanto, la sociedad hidalguense exige justicia para las menores y transparencia en un caso que ha sacudido la confianza en las instituciones. La investigación sigue en curso, y el futuro de la diputada permanece incierto.
Este escándalo pone de nuevo en tela de juicio el compromiso de Morena con la justicia y la protección de los derechos de los más vulnerables. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si Medina Hernández enfrentará las acusaciones o si el caso quedará atrapado en el limbo de la impunidad.
La indignación crece en Hidalgo, donde los ciudadanos piden que no se politice un caso tan delicado y que se priorice la verdad y la reparación del daño a las víctimas. El Congreso, por su parte, ha optado por el silencio, dejando que las especulaciones dominen el debate público.