La organización ambientalista Greenpeace México ha conseguido un importante triunfo legal al ganar un amparo que cuestiona la desaparición del Fondo para el Cambio Climático, un fideicomiso eliminado en 2020 por decisión del gobierno federal. Este fondo, creado para financiar proyectos contra el calentamiento global, fue suprimido junto con otros fideicomisos bajo el argumento de combatir la corrupción, pero la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que su extinción careció de fundamentos claros.
La Primera Sala de la Corte, con cuatro votos a favor y uno en contra, resolvió que la eliminación del fondo violó principios constitucionales. El fallo responde a la demanda presentada por Greenpeace, que argumentó que la desaparición de este mecanismo representa un retroceso en la lucha contra el cambio climático. La organización destacó que el fondo era esencial para financiar iniciativas de mitigación y adaptación al calentamiento global en el país.
Aunque la sentencia es un paso significativo, su impacto inmediato es limitado. La Corte no ordenó la restauración del fondo, por lo que los efectos del amparo se restringen principalmente a Greenpeace. Esto significa que la organización podría recibir beneficios específicos, como el acceso a recursos pendientes para proyectos que hayan sido financiados previamente por el fondo. Sin embargo, la resolución no implica la creación de un nuevo mecanismo similar.
La extinción del Fondo para el Cambio Climático ocurrió en un contexto de recortes presupuestales a programas ambientales. Desde 2020, diversas organizaciones han señalado que la eliminación de fideicomisos ha debilitado las políticas de protección ambiental en México. El fondo, en particular, era un instrumento clave para canalizar recursos hacia proyectos de energías renovables, reforestación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Greenpeace México celebró la resolución como un precedente importante en la defensa del derecho a un medio ambiente sano. La organización subrayó que el fallo refleja la necesidad de que las decisiones gubernamentales estén respaldadas por argumentos sólidos y no por medidas arbitrarias. Además, hizo un llamado a fortalecer las políticas climáticas en el país, especialmente en un momento en que los efectos del cambio climático, como sequías y huracanes, son cada vez más evidentes.
El caso también pone en relieve tensiones entre las prioridades del gobierno y las demandas de las organizaciones ambientalistas. Mientras el gobierno ha defendido la eliminación de fideicomisos como una medida para transparentar el uso de recursos, críticos señalan que estas decisiones han dejado desprotegidos sectores clave como el medio ambiente. La sentencia de la Corte podría abrir la puerta a nuevas discusiones sobre la gestión de fondos públicos para enfrentar la crisis climática.
Este no es el primer éxito legal de Greenpeace en México. La organización ha ganado amparos previos relacionados con la protección ambiental, como la defensa de proyectos de energías renovables y la oposición a políticas energéticas que favorecen los combustibles fósiles. Estas victorias refuerzan su papel como un actor clave en la promoción de políticas sostenibles en el país.
La resolución llega en un momento crítico, cuando México enfrenta retos ambientales significativos. Los recortes al presupuesto destinado a la protección del medio ambiente, sumados a fenómenos climáticos extremos, han generado preocupación entre expertos y activistas. La sentencia de la Corte podría servir como un recordatorio de la importancia de priorizar la acción climática en las políticas públicas.
A pesar de las limitaciones del fallo, la victoria de Greenpeace es vista como un avance simbólico. Organizaciones ambientalistas esperan que este precedente impulse un mayor escrutinio sobre las decisiones que afectan el financiamiento de proyectos climáticos. Por ahora, el amparo reafirma el compromiso de la sociedad civil con la defensa del medio ambiente en México.