En un nuevo capítulo de la crisis de inseguridad que sacude a Nuevo León, Damazo “N”, exentrenador de gimnasia, ha sido vinculado a proceso por el delito equiparable a violación. La detención de este sujeto, que ha conmocionado a la sociedad, se llevó a cabo tras múltiples denuncias de abuso sexual presentadas por al menos 16 gimnastas, muchas de ellas menores de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado no ha escatimado en señalar la gravedad de los hechos.
El caso estalló cuando varias víctimas, valientes al romper el silencio, expusieron en redes sociales los horrores que vivieron bajo el supuesto amparo de este entrenador. Damazo “N”, quien trabajaba en el gimnasio Klass Gym y fue parte del Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes (INDE), enfrenta ahora la justicia en un penal estatal. Las acusaciones pintan un panorama alarmante de impunidad que, según las denunciantes, se prolongó por años.
La audiencia de vinculación, celebrada este 30 de abril, dejó claro que las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes. Damazo “N” permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso, pero su defensa insiste en cuestionar la legalidad de la detención. Gerardo Rincón Flores, abogado del acusado, ha declarado que no existen dictámenes médicos que prueben las agresiones, una afirmación que ha generado indignación entre las víctimas y sus familias.
El impacto de este caso trasciende el ámbito deportivo. Las denuncias, que datan de años atrás, han puesto en tela de juicio la supervisión de las autoridades en espacios donde menores de edad deberían estar protegidos. La sociedad regiomontana se pregunta cómo fue posible que un presunto agresor operara durante tanto tiempo sin ser detenido. La desconfianza hacia las instituciones crece.
Fernanda López y Camila Flores, dos de las gimnastas que alzaron la voz, relataron cómo los entrenamientos se convertían en pretextos para abusos. Según sus testimonios, Damazo “N” aprovechaba su autoridad para manipular y agredir a las menores. Estas declaraciones han desatado una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles exigen justicia y medidas más estrictas contra los responsables.
La Fiscalía de Nuevo León, por su parte, ha confirmado que existen al menos 11 carpetas de investigación contra el exentrenador. La actual vinculación corresponde a la segunda carpeta, pero las autoridades no descartan que surjan más cargos conforme avancen las investigaciones. Este caso se suma a una lista cada vez más extensa de delitos sexuales que mantienen a Nuevo León en el ojo del huracán.
Mientras tanto, el padre de Damazo “N”, Eduardo Rodríguez, ha salido en defensa de su hijo, asegurando que es inocente y que nunca intentó huir. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por una ciudadanía harta de excusas. La presión social para que se castigue a los responsables no hace más que aumentar.
El caso de Damazo “N” es una muestra más de la alarmante situación de inseguridad y violencia que enfrentan las mujeres en México. La falta de acción oportuna por parte de las autoridades, como señaló el abogado de la defensa, solo agrava la percepción de un sistema que falla en proteger a las víctimas. La sociedad exige respuestas y, sobre todo, justicia.
Este escándalo no solo mancha al deporte en Nuevo León, sino que pone en evidencia las grietas de un sistema que permite que casos como este se repitan. La lucha de las víctimas por ser escuchadas apenas comienza, y su valentía inspira a otras a no callar. El proceso contra Damazo “N” será seguido de cerca por una sociedad que ya no está dispuesta a tolerar la impunidad.