El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha dado un golpe contundente al revelar imágenes satelitales que contradicen el informe oficial de la Fiscalía General de la República sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Este lugar, señalado como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido el epicentro de una controversia que sacude a las autoridades federales y estatales.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, afirmó que no había pruebas suficientes para considerar el rancho como un sitio de cremación de cuerpos. Sin embargo, el colectivo presentó imágenes que muestran áreas de calcinamiento y restos humanos, evidencias que, según ellos, demuestran que el lugar funcionaba como un campo de exterminio. Estas revelaciones han puesto en entredicho la actuación de las autoridades.
Desde que el colectivo descubrió el rancho en marzo de 2025, tras una llamada anónima, se han encontrado cientos de objetos personales, como ropa y zapatos, además de restos óseos calcinados. Los buscadores aseguran que estas pruebas son irrefutables y acusan a la FGR de intentar ocultar la magnitud de los hechos para proteger intereses desconocidos.
Las imágenes satelitales, obtenidas por el colectivo, muestran zanjas y áreas con alteraciones térmicas, lo que sugiere actividades de calcinamiento a gran escala. Estas pruebas contrastan con el discurso oficial, que minimiza la gravedad del caso y descarta la existencia de crematorios clandestinos en el rancho.
El colectivo también ha señalado omisiones graves por parte de la Fiscalía de Jalisco, que tuvo conocimiento del rancho desde septiembre de 2024, tras un operativo de la Guardia Nacional. A pesar de los indicios encontrados, no se resguardó el lugar ni se procesaron adecuadamente las evidencias, lo que permitió que el sitio permaneciera abandonado durante meses.
Guerreros Buscadores ha exigido que se reconozca la verdad y que las autoridades federales y estatales trabajen con transparencia. Además, han denunciado que se les ha excluido de las investigaciones, a pesar de ser quienes destaparon el caso y arriesgaron su seguridad para visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco.
La controversia ha escalado hasta el ámbito nacional, con críticas a la falta de coordinación entre la FGR y la Fiscalía de Jalisco. Mientras las autoridades se culpan mutuamente, las familias de las víctimas siguen sin respuestas claras sobre el destino de sus seres queridos.
El caso del Rancho Izaguirre expone, una vez más, la alarmante realidad de la violencia y la impunidad en México. Las imágenes satelitales presentadas por el colectivo no solo desafían la narrativa oficial, sino que también son un grito de justicia para miles de desaparecidos cuyas historias aún no han sido contadas.
Este escándalo pone bajo la lupa a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. La presión de los colectivos y la sociedad civil crece, exigiendo que se investigue a fondo y se castigue a los responsables, tanto dentro del cártel como entre las autoridades que pudieron haber encubierto estos hechos.
La lucha de Guerreros Buscadores de Jalisco continúa, mientras las imágenes satelitales se convierten en una herramienta clave para visibilizar la verdad. El Rancho Izaguirre no es solo un predio en Teuchitlán; es un símbolo de la crisis de desapariciones que sigue sin resolverse en el país.