La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado un amparo presentado por Uber, dejando en firme el cobro del 2% que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Claudia Sheinbaum, impuso a plataformas digitales de reparto y transporte. Este impuesto, que grava el uso de la infraestructura pública, ha desatado una ola de críticas entre repartidores y usuarios.
El fallo de la Corte, emitido este 30 de abril de 2025, desechó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien proponía eximir a Uber de este pago. Con esta decisión, empresas como Uber, DiDi y Rappi deberán seguir cubriendo el 2% por cada operación realizada en la capital, una medida que, según el gobierno local, busca financiar el mantenimiento de la infraestructura urbana.
Repartidores de aplicaciones móviles se manifestaron frente a la Suprema Corte, exigiendo que se declarara inconstitucional este impuesto. Argumentan que, aunque el cobro recae en las empresas, estas podrían trasladarlo a los consumidores o reducir los ingresos de los trabajadores, afectando directamente su economía.
El gobierno de la Ciudad de México, ahora bajo la gestión de Clara Brugada, defiende la medida como una forma de equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, los críticos señalan que este tipo de impuestos solo encarece los servicios y perjudica a los trabajadores de la economía digital, quienes ya enfrentan condiciones laborales precarias.
La decisión de la Corte ha generado un intenso debate sobre la regulación de las plataformas digitales. Mientras el gobierno local insiste en que el cobro es justo, los repartidores advierten que podría sentar un precedente para que otras ciudades adopten medidas similares, complicando aún más su situación.
Organizaciones de repartidores han denunciado que el impuesto no solo afecta sus ingresos, sino que también podría incrementar los precios para los usuarios. En un contexto de inflación y aumento en el costo de vida, esta medida ha sido vista como un golpe más para los ciudadanos de a pie.
La falta de claridad sobre cómo se utilizarán los recursos recaudados por este impuesto ha avivado las sospechas. Muchos se preguntan si realmente se destinarán a mejorar la infraestructura o si, como en otros casos, terminarán en proyectos poco transparentes del gobierno capitalino.
Este fallo deja en el aire el futuro de las plataformas de reparto en la Ciudad de México. Mientras las empresas evalúan cómo absorber o redistribuir este costo, los repartidores se preparan para nuevas movilizaciones, decididos a defender sus derechos en un entorno cada vez más hostil.