Un juez de distrito en Michoacán ha dado un fallo contundente: la madre de un menor de 15 años que murió por la explosión de una mina artesanal debe ser reconocida como víctima indirecta. El caso, que sacude a la región de Tierra Caliente, pone en evidencia la inacción del gobierno frente a la violencia desatada por el crimen organizado.
El adolescente, un jornalero, perdió la vida mientras trabajaba en una huerta de limón, víctima de un artefacto explosivo colocado por grupos criminales. La madre exigió justicia, argumentando que las autoridades han fallado en proteger a la población, dejando a comunidades enteras a merced del terror y la desprotección.
El juez Sergio Santamaría Chamú ordenó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas garantizarle reparación y asistencia, señalando que las omisiones del gobierno federal y estatal violaron derechos básicos como la vida y la seguridad. La resolución apunta directo a la presidenta, el gobernador de Michoacán y la Guardia Nacional.
Mientras las minas terrestres siguen cobrando vidas, este fallo expone la incapacidad del gobierno para frenar la violencia. La región vive bajo amenaza constante, y las autoridades, lejos de actuar, parecen mirar hacia otro lado ante un problema que no deja de crecer.