En un giro inesperado en la frontera sur de Estados Unidos, migrantes detenidos en Nuevo México enfrentan ahora graves acusaciones penales. Las autoridades federales han implementado un nuevo cargo por violar una zona de defensa nacional, tras la decisión del Ejército estadounidense de tomar control de una franja de 274 kilómetros a lo largo de la frontera con México.
La medida, aplicada desde el lunes, afecta a quienes fueron arrestados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Este sector, ahora considerado una extensión de la Guarnición del Ejército en Fort Huachuca, Arizona, está bajo estricta vigilancia militar. Los soldados tienen la autoridad para detener temporalmente a cualquier persona que ingrese sin autorización, marcando un endurecimiento en las políticas migratorias.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió esta estrategia durante una reciente visita a la frontera. En un video compartido en redes sociales, afirmó que cualquier persona que cruce ilegalmente esta zona está invadiendo una base militar protegida. Sus declaraciones subrayan la postura del gobierno de reforzar la seguridad nacional a toda costa.
La franja fronteriza, que abarca 170 millas, ha sido objeto de múltiples despliegues militares en los últimos meses. El Ejército ha intensificado sus esfuerzos con nuevas carreteras, mayor vigilancia y muros reforzados. Estas acciones buscan disuadir los cruces ilegales, pero también han generado controversia por su impacto en las comunidades migrantes.
Los fiscales federales justifican el nuevo cargo como una herramienta para fortalecer el control migratorio. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría violar leyes que prohíben el uso de tropas en tareas de aplicación de la ley dentro de territorio estadounidense. La Ley Posse Comitatus, en particular, limita el rol de los militares en asuntos civiles, lo que plantea preguntas sobre la legalidad de estas detenciones.
Para los migrantes, las consecuencias son inmediatas y severas. Además de enfrentar procesos de deportación, ahora corren el riesgo de ser acusados penalmente por ingresar a esta zona restringida. Esto añade una capa de complejidad a su situación, en un contexto donde las políticas migratorias se endurecen cada vez más.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto humanitario de estas medidas. La militarización de la frontera, argumentan, no solo criminaliza a los migrantes, sino que también los expone a mayores riesgos. Muchos de los detenidos son personas que huyen de la violencia o la pobreza en sus países de origen.
Este nuevo capítulo en la política fronteriza de Estados Unidos refleja un enfoque más agresivo hacia la migración. Mientras el debate sobre la legalidad y la ética de estas acciones continúa, miles de migrantes enfrentan un futuro incierto, atrapados entre la búsqueda de una vida mejor y las barreras cada vez más altas que impone la frontera.