El pasado 17 de abril, un derrame de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida desde la Planta Churubusco de Ternium, en los límites de Monterrey y San Nicolás, encendió las alarmas en Nuevo León. El incidente afectó 11 kilómetros del arroyo La Talaverna, abarcando los municipios de San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe, dejando a su paso preocupación entre los habitantes.
Ternium aseguró que no hay riesgos para la salud ni el medio ambiente tras el derrame. Según la empresa, el cauce del arroyo está normalizado desde el 21 de abril, con niveles de pH óptimos gracias a las labores de remediación. Más de 150 brigadistas trabajaron en la contención, limpieza y neutralización del agua, utilizando materiales como cal, hidróxido de sodio y bicarbonato.
A pesar de estas afirmaciones, la coloración rojiza en el concreto del arroyo, causada por óxido ferroso, sigue siendo visible. Ternium aclaró que este fenómeno es solo estético y no representa un peligro. Sin embargo, la presencia de residuos semanas después del incidente ha generado escepticismo sobre la eficacia de las medidas tomadas.
La empresa afirmó haber realizado más de 200 análisis de laboratorio en distintos puntos del arroyo, todos con resultados dentro de los parámetros normales. También destacó su comunicación constante con autoridades como la Conagua, Profepa y las secretarías de Medio Ambiente y Salud de Nuevo León, subrayando su compromiso con la transparencia.
El incidente ha reavivado las críticas contra Ternium, que ya ha sido señalada por emisiones contaminantes en la región. Vecinos de San Nicolás y legisladores locales han exigido sanciones más severas, incluso el cierre o reubicación de la planta, argumentando que las multas actuales no reflejan la gravedad del daño ambiental.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, y diputados como Claudia Chapa han pedido medidas ejemplares. La Secretaría de Medio Ambiente estatal, encabezada por Alfonso Martínez Muñoz, evalúa todas las opciones, incluyendo el cierre de la planta, priorizando el bienestar de la ciudadanía.
Mientras Ternium insiste en que el problema está controlado, la presión crece para que las autoridades refuercen la vigilancia sobre la empresa. La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente ha solicitado un informe detallado de las acciones de contención, con un plazo de cinco días hábiles para su entrega.
El caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad ambiental de las grandes industrias en Nuevo León. La exigencia de sanciones más duras y una supervisión constante refleja la preocupación de los habitantes por la salud pública y la protección del entorno.
Este incidente no es aislado, ya que Ternium ha enfrentado señalamientos previos por emisiones de metales pesados como plomo, cadmio y cromo. La ciudadanía espera que este episodio marque un precedente para garantizar un medio ambiente más seguro en la región.