El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha levantado la voz contra la Fiscalía General de la República, rechazando tajantemente las declaraciones de su titular, Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, no funcionaba como crematorio clandestino. Este predio, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido señalado como un sitio de horror donde se cometían crímenes atroces.
Según el colectivo, existen pruebas irrefutables que contradicen la versión oficial. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se resguardan 17 lotes de restos óseos humanos calcinados, recuperados directamente del rancho. Estos restos, clasificados por fragmentos como cráneos, fémures y piezas dentales, demuestran que en el lugar se incineraban cuerpos, desmintiendo las afirmaciones de Gertz Manero.
El fiscal general aseguró en conferencia que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero negó que hubiera evidencia de crematorios. Según él, los análisis realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México indican que las temperaturas en el lugar no superaron los 200 grados, insuficientes para incinerar cuerpos. Esta narrativa ha sido calificada por el colectivo como un intento de ocultar la verdad.
Guerreros Buscadores, integrado principalmente por madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, expresó su indignación en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Acusaron a Gertz Manero de mentir y de desacreditar su lucha, señalando que estas declaraciones no solo niegan la evidencia, sino que revictimizan a las familias que buscan justicia.
El colectivo destacó que los restos óseos encontrados están registrados en el sistema SIAVA del Instituto Forense, lo que refuerza la veracidad de sus hallazgos. Además, denunciaron que el fiscal no ha visitado el rancho ni ha trabajado directamente con las pruebas, a diferencia de la fiscalía especializada en derechos humanos, que sí ha colaborado con ellos.
El caso del Rancho Izaguirre salió a la luz el pasado 5 de marzo, cuando el colectivo descubrió cientos de prendas, 400 pares de zapatos y restos óseos en el predio, que ya había sido intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024. En esa ocasión, las autoridades detuvieron a 10 personas y liberaron a dos víctimas, pero no documentaron los crematorios ni los restos, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles omisiones.
La controversia se intensifica con las acusaciones del colectivo de que las autoridades federales podrían estar encubriendo la magnitud de los crímenes cometidos en el rancho. La presencia de restos calcinados y la falta de acción previa por parte de las autoridades locales desde 2021, cuando ya había reportes sobre el lugar, alimentan las sospechas de complicidad o negligencia.
En su comunicado, Guerreros Buscadores hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para que se acerque a la verdad y no permita que se silencie el dolor de las familias. Mientras tanto, la FGR insiste en que el rancho no era un crematorio, a pesar de que la Fiscalía de Jalisco había reconocido previamente la existencia de restos calcinados, aunque no en hornos tradicionales, sino en zanjas con leña.
El caso del Rancho Izaguirre pone en evidencia la crisis de desapariciones en México, con más de 120 mil personas no localizadas según el Registro Nacional. La lucha de los colectivos de buscadores continúa enfrentando obstáculos, mientras las autoridades federales y estatales ofrecen versiones contradictorias que lejos de esclarecer, profundizan la desconfianza.
Este episodio refleja el drama que viven miles de familias en el país, atrapadas entre la esperanza de encontrar a sus seres queridos y la frustración ante un sistema que, según denuncian, parece más interesado en minimizar los hechos que en buscar justicia.