En un caso que ha sacudido a Estados Unidos, los hermanos Maxwell y Zachary Jensen se declararon no culpables ante la Corte de Distrito Sur de Texas. Ambos enfrentan graves acusaciones por participar en una red de tráfico ilegal de petróleo robado desde México, valuado en millones de dólares.
El caso involucra a toda la familia Jensen, incluyendo a sus padres, James y Kelly Anne Jensen, quienes también están bajo custodia. Según las autoridades, los Jensen operaban un esquema masivo que movió al menos 2,881 cargamentos de crudo entre mayo de 2022 y marzo de 2025.
La familia, a través de empresas como Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran, compraba petróleo a proveedores mexicanos vinculados a organizaciones criminales. Este crudo, robado en México, era introducido a Estados Unidos bajo falsas declaraciones como “residuos de lubricantes” para evadir controles aduanales.
Una vez en territorio estadounidense, el petróleo se vendía a clientes industriales como si fuera legal. Los ingresos se depositaban en cuentas de Wells Fargo y Bank of America, para luego ser transferidos a supuestos proveedores en México, que en realidad eran intermediarios de los cárteles.
El gobierno de Estados Unidos busca decomisar todos los activos de los Jensen, incluyendo cuentas bancarias con 300 millones de dólares, una mansión en Utah valuada en 9.1 millones, camiones, barcos y un Chevrolet Corvette Stingray. Las autoridades aseguran que este caso es un golpe al llamado “huachicol fiscal”.
Maxwell y Zachary Jensen comparecieron este martes y negaron los cargos de lavado de dinero y tráfico de bienes. Su próxima audiencia está programada para el 28 de mayo, con una selección de jurado fijada para el 16 de junio.
Si son hallados culpables, los hermanos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Además, se les impondría una multa de 300 millones de dólares, equivalente al valor del petróleo traficado ilícitamente.
El caso ha generado controversia, ya que expertos señalan que este tipo de operaciones no podría suceder sin la complicidad de funcionarios en México. Las investigaciones continúan para identificar a posibles cómplices al otro lado de la frontera.
Mientras tanto, James Jensen, padre de los acusados, fue liberado bajo fianza con un brazalete electrónico. Sin embargo, la familia permanece bajo un intenso escrutinio mientras el juicio avanza.
Este escándalo pone en evidencia las redes transnacionales que lucran con el robo de recursos naturales, afectando la economía de México y desafiando los controles fronterizos de ambos países.