La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el 90 por ciento de las propuestas de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas son viables. Esto, tras una serie de mesas de diálogo que han dejado más dudas que respuestas. ¿Será una verdadera solución o solo otra promesa vacía del gobierno federal?
Las reuniones, encabezadas por Rodríguez, comenzaron el 7 de abril en la Ciudad de México. Participaron colectivos de estados como Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas y Guanajuato, quienes exigen justicia para sus seres queridos desaparecidos. Los familiares desplegaron mantas con fotos y nombres, un recordatorio del dolor que el gobierno no ha sabido aliviar.
Rodríguez afirmó que las propuestas de los colectivos coinciden con las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer las leyes contra la desaparición de personas. Sin embargo, los asistentes criticaron la falta de empatía de funcionarios, como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, a quien acusan de no estar capacitada para el cargo.
Entre las demandas, los colectivos pidieron sanciones penales para funcionarios omisos, no solo castigos administrativos. También exigieron fortalecer las fiscalías estatales y los servicios forenses, además de reconocer legalmente su trabajo como defensores de derechos humanos. ¿Escuchará el gobierno estas voces o seguirá ignorándolas?
Un momento tenso ocurrió cuando Rodríguez intentó abandonar una reunión para atender asuntos personales y una cita en el Senado. Las madres buscadoras, indignadas, le exigieron quedarse, recordándole el sacrificio que ellas hacen al dejar sus hogares para exigir justicia. La secretaria regresó, pero el incidente dejó un mal sabor de boca.
La funcionaria prometió que las propuestas se integrarán a las reformas legislativas, que incluyen una Plataforma Única de Identidad y una Alerta Nacional para la búsqueda inmediata de personas. Pero los colectivos dudan, pues han escuchado promesas similares antes sin resultados concretos. México acumula más de 127 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional.
Rodríguez también ordenó investigar los casos expuestos en las mesas y advirtió que los funcionarios que no cumplan serán destituidos. Sin embargo, las familias cuestionan si estas palabras se traducirán en acciones o si serán otro intento de calmar los ánimos sin atacar el problema de fondo.
Las críticas no solo apuntaron a Gobernación. La ausencia de Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en estas reuniones desató reclamos. Los colectivos, como Madres Buscadoras de Sonora, exigieron su renuncia, acusándola de indiferencia ante la crisis de desapariciones.
Tras ocho mesas de diálogo, Rodríguez aseguró que las iniciativas de reforma se presentarán en el próximo periodo ordinario del Congreso. Pero la desconfianza persiste. Los colectivos, agotados por años de lucha, seguirán exigiendo verdad y justicia, mientras el gobierno de Morena enfrenta el reto de demostrar que no son solo palabras.