En el Estado de México, la violencia silenciosa del acecho podría tener los días contados. Un grupo de activistas y legisladores ha alzado la voz para exigir que este tipo de conducta sea reconocido como delito en el Código Penal estatal, una medida que busca proteger a miles de víctimas, en su mayoría mujeres, que viven con miedo constante.
El Primer Foro sobre Acecho, organizado por la diputada Liliana Urbina y el colectivo Nosotras Para Ellas, marcó un paso crucial en esta batalla. Ahí se reveló un dato alarmante: el 82% de las víctimas de acecho son mujeres, y solo una de cada diez se atreve a denunciar. La falta de un marco legal claro ha dejado desprotegidas a muchas personas frente a este tipo de violencia psicológica.
La propuesta legislativa, presentada por Urbina, busca castigar el acecho con penas de hasta ocho años de prisión. Este delito se definiría como cualquier conducta persistente que genere temor o ansiedad, como vigilancia constante, persecución física o virtual, o intentos de contacto no deseado. La iniciativa apunta a llenar un vacío legal que ha permitido a los agresores actuar con impunidad.
Un aspecto clave de la reforma es la inclusión de agravantes. Si el acecho es cometido por una pareja, expareja o familiar, o si se utiliza tecnología como redes sociales, las penas serían más severas. Además, se contempla un castigo mayor cuando las víctimas son menores de edad, reconociendo su mayor vulnerabilidad.
El foro destacó que el acecho no es un acto inofensivo. Muchas veces, es el preludio de crímenes más graves, como el feminicidio. De hecho, se estima que el 50% de los casos de feminicidio en el Estado de México comenzaron con conductas de acecho, una cifra que subraya la urgencia de actuar.
La iniciativa también busca garantizar una atención integral a las víctimas. Más allá de castigar, se pretende ofrecer apoyo psicológico y legal para quienes sufren esta forma de violencia. La idea es que las autoridades estén mejor preparadas para identificar y abordar estos casos, evitando que escalen a tragedias.
Otros estados, como Nuevo León, Tamaulipas y Guanajuato, ya han tipificado el acecho como delito, sentando un precedente que el Estado de México podría seguir. La “Ley Valeria” en Nuevo León, por ejemplo, ha sido un modelo exitoso, impulsado por la activista Valeria Macías, quien sufrió acecho durante años.
La discusión en el Congreso mexiquense está en marcha, pero aún queda camino por recorrer. La aprobación de esta reforma dependerá de la voluntad política y del compromiso de los legisladores para priorizar la seguridad de las mujeres y de todas las víctimas de acecho.
Este esfuerzo refleja un cambio cultural en el que las conductas que antes se normalizaban ahora se enfrentan con seriedad. La sociedad exige que el acecho deje de ser un problema ignorado y se convierta en una prioridad en la agenda legislativa.
La lucha contra el acecho en el Estado de México es un recordatorio de que la seguridad y la paz no son negociables. Cada paso hacia su tipificación como delito es un avance hacia una sociedad donde nadie tenga que vivir con miedo.