Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi y propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas, enfrenta una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal. La Fiscalía General de la República lo busca tras no presentarse a una audiencia judicial en Torreón, Coahuila, relacionada con un caso que involucra más de 17 millones de pesos.
El caso tomó un giro inesperado cuando Irarragorri, quien compareció por videoconferencia el 20 de marzo, no asistió a una audiencia presencial programada para el 24 del mismo mes. La asistente de Registros del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Karla Cecilia Marín, lo declaró “evadido de la justicia”, lo que desencadenó la orden de captura.
La acusación señala que el empresario omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a salarios de jugadores y cuerpo técnico de Santos Laguna entre enero y julio de 2017. Según la Procuraduría Fiscal de la Federación, se habrían registrado pagos como “primas de riesgo de trabajo” para evadir impuestos, una práctica que ha generado controversia.
El Club Santos Laguna emitió un comunicado defendiendo a su presidente. Argumentan que Irarragorri no fue notificado formalmente de la audiencia presencial y que la cancelación de la audiencia virtual fue una decisión sorpresiva del juez, sin respetar los plazos legales establecidos.
Además, el club sostiene que el caso debería resolverse por la vía administrativa, ya que se trata de una discrepancia en la interpretación de normas fiscales, y no en el ámbito penal. Santos Laguna rechazó cualquier intento de presión judicial y reafirmó su compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia.
Los abogados de Irarragorri han presentado una demanda de amparo, argumentando que la orden de aprehensión se emitió sin cumplir con las formalidades legales. Mientras tanto, el empresario, quien reside en Gijón, España, donde también es dueño del Sporting de Gijón, no ha emitido declaraciones personales sobre el caso.
Este escándalo marca un precedente en el fútbol mexicano, ya que Irarragorri es el primer directivo de un club de Primera División en enfrentar una persecución judicial de esta magnitud en más de una década. La situación ha generado revuelo entre aficionados y en el ámbito deportivo.
Por ahora, la Federación Mexicana de Fútbol no ha señalado que los clubes Santos y Atlas enfrenten riesgo de desafiliación, ya que la resolución del caso depende de las autoridades judiciales. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de ambos equipos persiste mientras el proceso legal continúa.