El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha levantado la voz contra la Fiscalía General de la República, acusándola de minimizar los escalofriantes hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Según los activistas, hay pruebas contundentes de que en este lugar se incineraron cuerpos, contradiciendo las declaraciones oficiales que niegan tales atrocidades.
El pasado 5 de marzo, el colectivo descubrió restos óseos, cientos de pares de zapatos y objetos personales en el rancho, un sitio que, según testimonios, funcionaba como un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes de ropa abandonada y cenizas han conmocionado a México, evidenciando la brutalidad de la violencia en la región.
Un estudio científico, basado en imágenes satelitales, reveló registros de humo negro y altas concentraciones de ceniza en el rancho desde 2019. Estas pruebas respaldan la denuncia de Guerreros Buscadores, quienes aseguran que los restos óseos encontrados muestran claros signos de cremación, desmintiendo la narrativa oficial.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, afirmó recientemente que no hay evidencia suficiente para confirmar cremaciones en el lugar. Esta postura ha generado indignación entre los colectivos de búsqueda, quienes consideran que se busca encubrir la magnitud del horror ocurrido en Teuchitlán.
El Rancho Izaguirre ya había sido intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, pero las autoridades locales no reportaron indicios de crematorios. El colectivo critica la inacción de la Fiscalía de Jalisco, señalando que las primeras investigaciones fueron insuficientes y permitieron que el sitio permaneciera en el olvido.
Guerreros Buscadores ha documentado que el rancho no solo era un centro de exterminio, sino también un lugar de reclutamiento forzado. Jóvenes de diversos estados eran atraídos con falsas promesas de empleo, solo para ser sometidos a torturas y, en muchos casos, asesinados.
La crisis de desapariciones en Jalisco, el estado con más casos en México, sigue sin respuesta efectiva. Los colectivos denuncian que las autoridades, tanto estatales como federales, parecen más interesadas en desacreditar su labor que en buscar justicia para las víctimas.
El asesinato de María del Carmen Morales, integrante de Guerreros Buscadores, el pasado 23 de abril, ha intensificado las demandas de protección para quienes buscan a sus seres queridos. La ONU ha condenado este crimen y exigido investigaciones que consideren la labor de defensa de derechos humanos.
Mientras las autoridades minimizan los hallazgos, las madres buscadoras siguen excavando en busca de verdad. Cada zapato, cada prenda encontrada en el rancho representa una historia truncada, un grito de justicia que resuena en un país azotado por la violencia.