La empresa siderúrgica Ternium enfrenta una ola de críticas tras el derrame de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida en el arroyo La Talaverna, en Nuevo León. Este incidente, ocurrido el 18 de abril en su planta de Churubusco, ha desatado la indignación de legisladores y autoridades locales, quienes señalan la falta de acción de la compañía para mitigar el daño ambiental.
El impacto del derrame se extiende por 11 kilómetros, afectando los municipios de San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe. Vecinos de la colonia San Miguel, en Guadalupe, reportaron que el arroyo presenta residuos industriales visibles, evidenciando la magnitud del desastre. La contaminación ha generado preocupación por los riesgos a la salud y al ecosistema local.
Diputados locales, como Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, han exigido medidas drásticas. Chapa subrayó que la legislación ambiental actual es débil y no garantiza la protección adecuada. La falta de sanciones efectivas permite que empresas como Ternium operen sin asumir plenamenteව
continúa su irresponsabilidad. La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, fue aún más contundente al proponer el cierre o reubicación de la planta de Ternium, argumentando que la empresa ha sido negligente en sus procesos, afectando la salud pública y el medio ambiente.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, también se sumó a las críticas, acusando a las autoridades estatales de simulación en la protección ambiental. Según Carrillo, las familias de la zona siguen expuestas a emisiones contaminantes, a pesar de los compromisos públicos de las autoridades.
Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, reconoció el derrame y afirmó haber activado un plan de emergencia desde el 17 de abril. Sin embargo, la presencia de residuos a más de una semana del incidente pone en duda la efectividad de sus medidas. La empresa aseguró que trabaja en la remediación del arroyo, pero las críticas persisten.
La Secretaría de Medio Ambiente estatal, encabezada por Alfonso Martínez Muñoz, prometió un “castigo ejemplar” para Ternium. Especialistas han advertido que el derrame representa un alto riesgo ambiental, sanitario y estructural, lo que intensifica la presión sobre la compañía para actuar de manera inmediata.
La indignación ciudadana crece ante lo que muchos consideran una muestra más de la laxitud de Ternium en sus procesos industriales. Este no es el primer señalamiento contra la empresa, que ya ha sido cuestionada por emisiones de metales pesados como plomo, cromo y cadmio en la zona metropolitana de Monterrey.
Legisladores y activistas coinciden en que, si Ternium no regulariza sus operaciones, debe enfrentar clausuras o reubicaciones. El precedente de la clausura de una planta de Ternium en Puebla en 2024 refuerza esta exigencia, mientras la ciudadanía espera respuestas concretas.
El caso del arroyo La Talaverna pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de seguridad industrial y la necesidad de una vigilancia más estricta. La presión sobre Ternium y las autoridades no cede, en medio de un debate sobre el equilibrio entre desarrollo industrial y la protección del medio ambiente.