El pasado 29 de abril, la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, anunció que 272,726 aspirantes se registraron en la plataforma “Mi derecho, mi lugar” para ingresar al bachillerato en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar el acceso a la educación media superior tras la eliminación del examen Comipems. Sin embargo, las promesas del gobierno de Morena generan dudas sobre su verdadera efectividad.
La plataforma “Mi derecho, mi lugar” fue presentada como una solución para que los jóvenes accedan a instituciones como el Colegio de Bachilleres, Conalep o el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México sin necesidad de examen. Según la SEP, el proceso es gratuito y equitativo, pero no se han aclarado los criterios de asignación ni cómo se garantizará un lugar para todos los registrados. La falta de transparencia ya levanta sospechas.
El registro, que estuvo abierto del 18 de marzo al 15 de abril, permitió a los aspirantes elegir hasta diez opciones educativas. Sin embargo, aquellos que buscan un lugar en la UNAM o el IPN deberán presentar un examen de admisión, lo que contradice la narrativa de un acceso universal sin barreras. Esta excepción pone en evidencia las limitaciones del programa y la incapacidad del gobierno para cumplir con su discurso de inclusión total.
Mario Delgado destacó que los resultados de la asignación se publicarán el 19 de agosto en la plataforma oficial. No obstante, el gobierno no ha explicado qué pasará con los aspirantes que no sean asignados a ninguna de sus opciones preferidas. En el pasado, promesas similares han terminado en desorganización y jóvenes sin un lugar asegurado, lo que alimenta el escepticismo hacia esta iniciativa.
Otro punto crítico es la advertencia sobre sitios apócrifos con extensiones .com y .org que intentaron engañar a los aspirantes. La SEP aclaró que solo los registros en miderechomilugar.gob.mx serán válidos, pero este problema revela la vulnerabilidad del sistema y la falta de una comunicación efectiva para proteger a los estudiantes y sus familias.
La eliminación del examen Comipems, según Sheinbaum, busca que “por el derecho a la educación no se compita”. Sin embargo, la realidad es que la UNAM y el IPN mantendrán sus procesos de selección, exigiendo un promedio mínimo de 7.0 y un examen. Esto deja en desventaja a miles de estudiantes que no cumplan con estos requisitos, mientras el gobierno presume un modelo de equidad que no aplica para todos.
El programa también incluye a aspirantes extemporáneos, quienes podrán registrarse los días 21 y 22 de agosto para ocupar lugares disponibles. Aunque esta medida parece inclusiva, no garantiza que los planteles restantes sean de calidad o estén cerca de los domicilios de los estudiantes, lo que podría desmotivar a muchos a continuar sus estudios.
Mientras el gobierno de Morena celebra los números de registro como un gran logro, la falta de claridad en el proceso y las excepciones para las instituciones más prestigiosas sugieren que “Mi derecho, mi lugar” podría ser otra promesa vacía. Los jóvenes merecen un sistema educativo que realmente les garantice un futuro, no más anuncios espectaculares que esconden fallas estructurales.