La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó un desenlace devastador en el caso de la activista Sandra Domínguez Martínez y su esposo, Alexander Hernández Hernández. Los cuerpos de ambos fueron encontrados sin vida en fosas clandestinas en Veracruz, tras permanecer desaparecidos desde octubre de 2024. Según las autoridades, la pareja fue asesinada poco después de su secuestro, un hecho que ha conmocionado a la región.
Sandra Domínguez, reconocida abogada y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, desapareció el 4 de octubre de 2024 junto a su esposo en la comunidad de María Lombardo, en San Juan Cotzocón, Oaxaca. Desde ese momento, su caso generó protestas y una intensa búsqueda por parte de familiares, activistas y autoridades. La noticia de su hallazgo ha reavivado el dolor y la indignación.
El hallazgo ocurrió el 24 de abril de 2025, durante un operativo en un inmueble ubicado en un camino de terracería en Santiago Sochiapan, Veracruz. En el lugar, las autoridades localizaron dos fosas con los restos de las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales, donde pruebas científicas confirmaron su identidad.
La investigación apunta a que el crimen fue perpetrado por células delictivas que operan en Veracruz. La Fiscalía de Oaxaca señaló que los responsables actuaron con rapidez, asesinando a la pareja poco después de su secuestro. Este hecho pone en evidencia la brutalidad de los grupos criminales en la zona y la vulnerabilidad de quienes, como Sandra, alzan la voz por la justicia.
Sandra Domínguez era conocida por su valentía al denunciar la violencia de género. En 2023, exhibió a funcionarios del gobierno de Oaxaca por participar en chats donde se compartían imágenes sexuales de mujeres indígenas sin su consentimiento. Su activismo la convirtió en un símbolo de lucha, pero también en un blanco de amenazas.
Las autoridades han detenido a una mujer, identificada como Cruz Esmeralda, vinculada al caso. Ella permanece en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Además, en enero de 2025, un operativo en el rancho “El Capricho” en Veracruz dejó tres presuntos responsables muertos y un agente federal fallecido, lo que evidencia la peligrosidad de las operaciones contra estas redes criminales.
El caso de Sandra y Alexander no es aislado. Oaxaca y Veracruz han enfrentado un aumento alarmante de desapariciones y asesinatos. La impunidad y la falta de estrategias efectivas para combatir la inseguridad siguen siendo un reclamo constante de la sociedad, que exige justicia para las víctimas.
La familia de Sandra, devastada, ha pedido que no se olvide su legado. Su hermana, Kisha Domínguez, expresó que Sandra “levantó la voz por la dignidad de todas, poniendo su vida en riesgo”. Este trágico desenlace deja un vacío en la lucha por los derechos humanos y un recordatorio de los peligros que enfrentan los defensores en México.
La Fiscalía de Oaxaca asegura que no descansará hasta esclarecer el crimen y llevar a todos los culpables ante la justicia. Sin embargo, la sociedad sigue esperando respuestas concretas y acciones que frenen la ola de violencia que azota al país.
Este caso refleja una realidad dolorosa: la inseguridad sigue cobrando vidas y silenciando voces valientes. La muerte de Sandra Domínguez y Alexander Hernández es una herida abierta que exige atención y cambio en un país donde la justicia parece cada vez más lejana.