En un caso que ha sacudido al sistema judicial de Estados Unidos, la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee, Wisconsin, fue suspendida de sus funciones tras ser arrestada por el FBI. La acusación: obstruir el arresto de un migrante indocumentado en su tribunal. El incidente, ocurrido el pasado 18 de abril, ha desatado una tormenta de críticas y debates sobre la independencia judicial en el país.
El director del FBI, Kash Patel, anunció la detención de Dugan a través de un mensaje en la red social X, que luego eliminó. Según Patel, la jueza habría desviado intencionadamente a los agentes federales para evitar la detención de Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano que enfrentaba cargos menores por violencia doméstica. Este hecho, según las autoridades, permitió al migrante intentar evadir a los agentes de inmigración.
El incidente tuvo lugar cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaron en el tribunal de Dugan para detener a Flores Ruiz tras una audiencia. La jueza, visiblemente molesta según documentos judiciales, habría escoltado al migrante y a su abogado por una salida reservada para el jurado, lo que desencadenó una persecución a pie por parte de los agentes.
A pesar de los esfuerzos de Dugan, Flores Ruiz fue capturado tras la persecución. Sin embargo, las acciones de la jueza provocaron la intervención del FBI, que la acusó de obstrucción y ocultación de una persona buscada por la justicia. Los cargos podrían acarrear hasta seis años de prisión, un hecho que ha generado preocupación entre defensores de los derechos judiciales.
La detención de Dugan se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Donald Trump y el poder judicial. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado políticas migratorias estrictas, incluyendo operativos masivos de deportación. Varios jueces han cuestionado estas medidas, argumentando que violan el debido proceso y los derechos de los migrantes.
El abogado de Dugan, Craig Mastantuono, defendió a su clienta durante una breve comparecencia ante un tribunal federal. Según Mastantuono, la detención de la jueza no se realizó en interés de la seguridad pública y representa un ataque directo a la independencia judicial. Dugan fue liberada tras la audiencia, pero deberá comparecer nuevamente el 15 de mayo.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, criticó duramente a Dugan, afirmando que sus acciones pusieron en riesgo la vida de los agentes y los ciudadanos presentes en el tribunal. En una aparición en Fox News, Bondi calificó el incidente como absurdo y destacó la necesidad de garantizar que nadie, ni siquiera una jueza, esté por encima de la ley.
Por su parte, voces demócratas han condenado la detención de Dugan como un intento de intimidación política. El representante Darren Soto describió el arresto como algo propio de un dictador de un país del tercer mundo, mientras que expertos en inmigración señalan que el caso refleja un conflicto más profundo entre el poder ejecutivo y el judicial.
El caso de Hannah Dugan ha reavivado el debate sobre el papel de los jueces en la protección de los derechos de los migrantes. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han advertido que las políticas migratorias de la actual administración amenazan el estado de derecho y el debido proceso, no solo para los migrantes, sino para todos los ciudadanos.
Mientras el caso avanza, la suspensión de Dugan marca un precedente preocupante en la relación entre el gobierno federal y el sistema judicial. La próxima audiencia podría arrojar más luz sobre las motivaciones de la jueza y el impacto de su detención en la lucha por la justicia migratoria en Estados Unidos.