Una nueva controversia sacude al gobierno de Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido una impugnación contra la reforma de supremacía constitucional, impulsada por el partido oficialista y sus aliados. Esta reforma, aprobada en octubre de 2024, busca blindar los cambios a la Constitución para que no puedan ser cuestionados mediante amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
La impugnación, presentada por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, argumenta que la reforma viola principios fundamentales de la Carta Magna. Según los demandantes, esta maniobra legislativa otorga un poder desmedido al Congreso, dominado por Morena, y debilita los contrapesos democráticos al limitar la capacidad de la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad de las reformas.
La reforma de supremacía constitucional ha sido señalada como un intento de consolidar el control del partido gobernante. Al impedir que los ciudadanos o instituciones cuestionen cambios constitucionales, Morena podría avanzar sin obstáculos en proyectos controversiales, como la reforma judicial que establece la elección de jueces por voto popular. Los críticos advierten que esto representa un riesgo para la democracia mexicana.
El recurso admitido por la Suprema Corte será analizado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Sin embargo, la propia reforma establece que las impugnaciones a cambios constitucionales son improcedentes, lo que genera incertidumbre sobre si la Corte podrá emitir un fallo que frene esta medida. Este paradoxo jurídico ha encendido las alarmas entre expertos y defensores de los derechos humanos.
Organizaciones civiles y partidos de oposición han calificado la reforma como un golpe al Estado de derecho. Argumentan que, al eliminar la posibilidad de revisar la constitucionalidad de las reformas, se abre la puerta a abusos de poder. La impugnación presentada busca que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de esta norma, alegando que vulnera principios democráticos esenciales.
El contexto de esta controversia no es menor. La reforma de supremacía constitucional fue aprobada en un proceso legislativo cuestionado por irregularidades, como el voto de un diputado que no estuvo presente en la sesión. Estos señalamientos han alimentado las críticas contra Morena, acusada de manipular los procedimientos legislativos para imponer su agenda.
La batalla legal en la Suprema Corte será crucial. Si los ministros deciden invalidar la reforma, podrían restablecerse los mecanismos de control constitucional. Sin embargo, un fallo a favor de Morena consolidaría su capacidad para reformar la Constitución sin oposición, lo que muchos consideran un paso hacia un régimen autoritario.
Este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo pone en el centro el futuro de la democracia mexicana. Mientras la Suprema Corte delibera, la ciudadanía y las organizaciones civiles permanecen atentas a una decisión que podría cambiar el rumbo del país. La polémica reforma de supremacía constitucional sigue dando de qué hablar, y sus consecuencias están lejos de resolverse.