En un caso que sacude a Oaxaca, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia histórica contra H.M.G., exsecretario municipal de San Francisco Jayacaxtepec, condenado a 300 años de prisión por la desaparición forzada de cinco personas. Los hechos ocurrieron en 2017, pero la justicia llega tras años de investigaciones que exponen la impunidad en la región.
El 28 de enero de 2017, las víctimas, identificadas como L.A.A.F., A.A.A., F.F.V., H.M.M. y V.M.M., fueron detenidas por autoridades municipales en la Agencia de San Francisco Jayacaxtepec, en el municipio de Totontepec Villa de Morelos. Entre los responsables estaba H.M.G., quien entonces fungía como secretario municipal. Las víctimas fueron trasladadas a la cárcel municipal, pero nunca se supo más de ellas.
La Fiscalía de Oaxaca detalló que las investigaciones se basaron en protocolos científicos y técnicas especializadas. Gracias a esto, se reunieron pruebas sólidas que permitieron vincular a H.M.G. con el delito de desaparición forzada agravada. La sentencia refleja la gravedad de los hechos y busca enviar un mensaje contra la impunidad.
Este caso pone en evidencia los problemas de inseguridad y abuso de poder en comunidades de Oaxaca. La detención arbitraria de las cinco personas, sin que se haya esclarecido su destino, deja un precedente alarmante sobre la actuación de autoridades locales en la región Mixe.
La condena de 300 años, aunque simbólica debido a los límites legales de cumplimiento, es una de las más altas en la historia reciente de Oaxaca. La Fiscalía destacó que el fallo es resultado de un trabajo coordinado para garantizar justicia a las víctimas y sus familias, quienes han vivido años de incertidumbre.
San Francisco Jayacaxtepec, una localidad marcada por tensiones sociales y políticas, vuelve a estar en el centro de la controversia. Este caso revive la discusión sobre la falta de supervisión en los gobiernos municipales y la facilidad con la que algunos funcionarios abusan de su autoridad.
La sentencia también subraya la crisis de desapariciones forzadas en México. Según datos oficiales, miles de personas permanecen desaparecidas, y casos como este muestran cómo la colusión entre autoridades y el crimen organizado agrava el problema.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que Oaxaca enfrenta retos importantes en materia de seguridad y justicia. La condena a H.M.G. es un paso, pero aún queda un largo camino para erradicar la impunidad y garantizar la protección de los ciudadanos.
El fallo judicial no devuelve a las víctimas, pero representa un avance en la lucha contra la violencia institucional. Las familias de los desaparecidos esperan que este caso marque un precedente para evitar que tragedias similares se repitan.
La sociedad oaxaqueña observa con atención. Este caso no solo expone las fallas en el sistema de justicia local, sino que también exige una reflexión sobre la responsabilidad de quienes ostentan el poder en las comunidades más vulnerables.