La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco alertó desde 2021 a las autoridades locales sobre las actividades ilícitas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Este predio, según la Fiscalía General de la República, era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de las advertencias, las autoridades municipales y estatales no tomaron medidas para frenar las operaciones delictivas.
El fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que el rancho funcionaba como un punto clave para el crimen organizado. Las pruebas, respaldadas por testimonios, confesiones y documentos, son contundentes. Sin embargo, la inacción de las autoridades locales permitió que el lugar operara impunemente durante años, profundizando la crisis de inseguridad en la región.
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional intervino el rancho tras un enfrentamiento. Detuvieron a 10 personas, liberaron a dos víctimas y encontraron un cuerpo. A pesar de este operativo, la Fiscalía de Jalisco no realizó una inspección exhaustiva del predio, dejando evidencia sin procesar. Los sellos de aseguramiento fueron rotos, lo que permitió el acceso no autorizado al lugar.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desempeñó un papel crucial al exponer la magnitud de los horrores en el rancho. En marzo de 2025, encontraron restos óseos, prendas de vestir y objetos personales que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Su hallazgo obligó a las autoridades a prestar atención a un caso que había sido ignorado durante años.
Gertz Manero señaló que no hay evidencia de hornos crematorios, como se había especulado, pero sí se encontraron zanjas y fogatas con fragmentos óseos. Una vasija con restos antiguos también fue hallada, lo que sugiere que el lugar pudo haber sido usado por largos periodos. La investigación sigue en curso para determinar la antigüedad y origen de estos restos.
La ropa y objetos encontrados están siendo analizados por la Fiscalía General de la República. Estos artículos estarán disponibles para que familiares de personas desaparecidas puedan identificarlos. La transparencia en este proceso es crucial para las víctimas que buscan respuestas sobre sus seres queridos.
El caso ha expuesto graves omisiones de las autoridades de Jalisco. Gertz Manero acusó a funcionarios locales de no actuar pese a las alertas de la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente, hay 14 personas procesadas por delincuencia organizada y desaparición, incluyendo tres expolicías de Tala, pero se esperan más detenciones.
La falta de acción desde 2021 refleja un problema estructural en la seguridad de Jalisco. Mientras el rancho Izaguirre operaba como un centro del crimen organizado, las autoridades locales miraron hacia otro lado. Este caso es un recordatorio de la urgencia de combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.
La Fiscalía General de la República ha asumido el control de la investigación, pero las críticas persisten. Los colectivos de búsqueda y la sociedad civil exigen respuestas claras y resultados concretos. La magnitud de los hallazgos en el rancho Izaguirre ha sacudido a la opinión pública, dejando en evidencia las fallas del sistema.
El rancho Izaguirre no es un caso aislado. Otros predios, como el rancho De La Vega, también han sido señalados como centros de operación del crimen organizado. La lucha contra la violencia en Jalisco requiere una respuesta coordinada y decidida, pero la confianza en las autoridades locales está severamente cuestionada.