En un operativo que sacude al sistema penitenciario, tres custodios del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, en el Estado de México, fueron detenidos por presuntos actos de extorsión y cobros indebidos a internos. La Secretaría de Seguridad estatal actuó tras una denuncia anónima que destapó estas graves irregularidades.
Los agentes de seguridad, alertados por las acusaciones, irrumpieron en el penal para realizar una inspección exhaustiva. La investigación apunta a que los custodios exigían cuotas a los reclusos, un reflejo más de la corrupción que sigue carcomiendo las instituciones del país.
Como medida drástica, el titular del centro fue destituido, aunque las autoridades no han aclarado si también está implicado. La intervención fue liderada por Claudia Romero Landázuri, del Órgano Interno de Control, quien ordenó la presencia policial para frenar este abuso de poder.
La detención de estos custodios pone en evidencia, una vez más, la incapacidad del gobierno para controlar la violencia y el crimen dentro de los penales. La falta de acción efectiva deja a los internos a merced de quienes deberían protegerlos.
Este caso se suma a una larga lista de problemas de inseguridad en el Estado de México, donde la extorsión parece ser el pan de cada día. Las autoridades prometen seguir investigando, pero la confianza en el sistema sigue erosionándose ante estos hechos.