En los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump, México ha recibido a 38,757 migrantes deportados desde Estados Unidos, de los cuales 5,446 son extranjeros y 33,311 son mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó estas cifras, destacando que el país ha acogido a estas personas por razones humanitarias, aunque niega que exista un acuerdo formal con el gobierno estadounidense.
La llegada masiva de deportados ha puesto en jaque al gobierno mexicano, que enfrenta el desafío de gestionar esta crisis migratoria sin precedentes. Sheinbaum insiste en que no se ha registrado un aumento significativo en las deportaciones en comparación con administraciones pasadas, pero los números cuentan otra historia.
Del total de migrantes extranjeros, 3,135 provienen de Centroamérica, con Guatemala, Honduras y El Salvador como los principales países de origen. Además, 1,050 son de Sudamérica, principalmente de Colombia y Venezuela, mientras que 1,261 llegan de otras regiones, incluyendo el Caribe y países más lejanos.
El Instituto Nacional de Migración ha facilitado el retorno voluntario de muchos de estos migrantes a sus países de origen, organizando vuelos y transportes terrestres. Sin embargo, la logística para manejar este volumen de personas ha generado críticas sobre la capacidad del gobierno para responder eficazmente.
Sheinbaum ha defendido su estrategia, señalando que México ofrece asistencia humanitaria a los deportados, incluyendo apoyo para su repatriación. Sin embargo, la oposición ha cuestionado esta postura, acusando al gobierno de ceder ante las presiones de Trump sin un plan claro para proteger los derechos de los migrantes.
La política migratoria de Trump, marcada por redadas masivas y un discurso antiinmigrante, ha intensificado las tensiones en la región. México, como principal receptor de deportados, se encuentra en una posición vulnerable, atrapado entre las exigencias de Estados Unidos y las necesidades de miles de personas.
Las deportaciones han incluido a migrantes con antecedentes penales, pero también a familias y trabajadores sin documentos que llevaban años en Estados Unidos. Esta situación ha generado preocupación por el impacto económico y social en México, especialmente en comunidades que dependen de las remesas.
A pesar de las declaraciones de Sheinbaum, que buscan minimizar la magnitud del problema, la llegada de miles de deportados en tan solo 100 días evidencia la falta de preparación del gobierno para enfrentar esta crisis. La presión sobre México no parece disminuir, mientras Trump cumple su promesa de expulsiones masivas.