El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, sigue generando controversia, pero hasta ahora ningún funcionario público enfrenta procesos legales por las presuntas omisiones en las investigaciones. Este predio, señalado como un centro de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha expuesto fallas en la actuación de las autoridades locales, aunque el gobierno estatal insiste en que no hay responsabilidad penal de sus funcionarios.
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional intervino el rancho, deteniendo a 10 personas y rescatando a dos víctimas de secuestro. Sin embargo, la inspección inicial no fue exhaustiva, y los sellos de aseguramiento del lugar fueron violados. Esto permitió que en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubriera restos óseos calcinados, ropa y objetos personales, evidenciando la magnitud de las atrocidades cometidas en el lugar.
La Fiscalía de Jalisco, encabezada por Salvador González de los Santos, ha reconocido que los restos encontrados indican calcinación, pero niega la existencia de hornos clandestinos, insistiendo en que se trata de exposición térmica. Esta declaración ha generado críticas, ya que los colectivos de búsqueda aseguran que las autoridades minimizan la gravedad del caso.
A pesar de las evidencias, el gobernador Pablo Lemus ha defendido la actuación de su administración, asegurando que se colabora con la Fiscalía General de la República, que ahora tiene el control del predio. Lemus ha rechazado las acusaciones de negligencia y ha prometido que no habrá encubrimiento en las investigaciones.
El caso ha destapado una red de complicidades que permitió al cártel operar con impunidad durante años. Testimonios de sobrevivientes revelan que las víctimas eran reclutadas bajo engaño en centrales de autobuses, entrenadas en el rancho y, en muchos casos, torturadas o asesinadas si se resistían.
La falta de avances en la investigación inicial ha alimentado la desconfianza hacia las autoridades estatales. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción han señalado posibles vínculos entre el crimen organizado y funcionarios locales, incluyendo un intento documentado de soborno al comisario de Teuchitlán en 2020.
La intervención de colectivos de búsqueda ha sido clave para visibilizar el caso, pero también ha expuesto la ineficacia de las autoridades. Los buscadores han denunciado que, además de la falta de resguardo del lugar, las investigaciones no han avanzado significativamente desde el hallazgo de los restos.
La Fiscalía de Jalisco ha vinculado a proceso a 11 personas por delitos relacionados con el rancho, pero la ausencia de señalamientos contra funcionarios públicos ha generado cuestionamientos. La sociedad civil exige claridad y justicia, mientras el caso sigue siendo un reflejo de los desafíos para combatir la inseguridad en el estado.
El gobierno de Jalisco enfrenta el reto de demostrar que no hay protección a funcionarios involucrados. Mientras tanto, el Rancho Izaguirre permanece como un símbolo de la violencia que azota la región y de la lucha de los colectivos por encontrar a sus desaparecidos.