La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, ha destapado un nuevo caso de irregularidades en la compra de medicamentos para el sector salud. En una conferencia matutina, la funcionaria reveló que una empresa farmacéutica ya fue inhabilitada por falsear documentos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Este caso pone en evidencia los problemas que persisten en los procesos de adquisición del gobierno federal.
Además de la empresa sancionada, otras 16 compañías farmacéuticas están bajo investigación por presuntas anomalías en la licitación de medicamentos para 2025-2026. Según Buenrostro, las irregularidades incluyen desde sobrecostos hasta documentos falsificados, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia en un sector tan crítico como la salud pública.
El caso se remonta a la licitación pública internacional convocada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que fue anulada en abril tras detectarse un sobreprecio de 13 mil millones de pesos en 175 claves de medicamentos. La Secretaría de Salud ha intentado minimizar el impacto, asegurando que el abasto de medicamentos está garantizado, pero las críticas no se han hecho esperar.
Raquel Buenrostro detalló que las investigaciones abarcan más de 650 claves de medicamentos, donde se encontraron inconsistencias en los procesos de compra. La Secretaría Anticorrupción trabaja de la mano con la Secretaría de Salud y Cofepris para esclarecer los hechos y evitar que estas prácticas se repitan en el futuro.
El escándalo ha puesto en el ojo del huracán a Birmex, la empresa estatal encargada de las compras consolidadas de medicamentos. Informes previos, como una auditoría de 2023, ya habían señalado irregularidades por más de mil millones de pesos, incluyendo pagos por medicamentos defectuosos o caducos, lo que agrava la percepción de ineficiencia y corrupción.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han exigido que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Los señalamientos apuntan a una red de malos manejos que podrían involucrar a funcionarios de alto nivel, aunque hasta ahora no se han presentado denuncias penales formales.
La Secretaría de Salud ha prometido que los contratos ya firmados con empresas que cumplieron la normativa serán respetados, pero las claves con sobreprecio serán sometidas a una nueva subasta. Este proceso, según las autoridades, busca garantizar precios justos sin comprometer el suministro de medicamentos esenciales.
Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes críticas por la falta de avances en la transparencia de las compras públicas. La salud, un sector prioritario para la población, sigue siendo un punto débil de la administración, con un historial de desabasto y problemas logísticos que no parecen resolverse.
El caso de las farmacéuticas investigadas se suma a una serie de controversias que han marcado el manejo del sector salud en México. La ciudadanía espera respuestas claras y sanciones ejemplares para quienes hayan actuado en contra del interés público.
La Secretaría Anticorrupción ha asegurado que continuará revisando los procesos de licitación para evitar abusos. Sin embargo, la magnitud de las irregularidades detectadas plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar un sistema de salud eficiente y libre de corrupción.