En un caso que ha conmocionado a Ecuador, cuatro militares han admitido haber golpeado brutalmente a cuatro menores de edad en Guayaquil, obligándolos a arrodillarse y desnudarse antes de su trágica muerte. Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados incinerados, desatando indignación en todo el país.
El 8 de diciembre de 2024, los menores, identificados como Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15 años) y los hermanos Ismael (15 años) y Josué Arroyo (14 años), fueron detenidos por una patrulla militar en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según las confesiones, los chicos fueron sometidos a una cadena de abusos físicos, incluyendo golpes con correas, puñetazos y técnicas de lucha libre.
Los militares, parte de un grupo de 16 procesados, aseguraron inicialmente que liberaron a los menores en la zona de Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil. Sin embargo, las evidencias y las declaraciones recientes han revelado una historia mucho más oscura. Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados el 24 de diciembre en un manglar cercano a una base militar, completamente calcinados.
Un testigo clave, conocido como “el samaritano”, proporcionó detalles escalofriantes. Los menores, golpeados y desnudos, llegaron a su casa pidiendo ayuda. Les prestó un teléfono para que uno de ellos contactara a su padre, pero poco después, hombres encapuchados se los llevaron. Este testimonio ha sido fundamental para la investigación.
La autopsia, entregada a finales de marzo, confirmó que los menores fueron ejecutados con disparos en la cabeza, de atrás hacia adelante, lo que sugiere que estaban de rodillas al momento de su muerte. Uno de los cuerpos también presentaba un golpe contundente en el cráneo, corroborando las torturas descritas.
La Fiscalía de Ecuador ha cambiado la acusación inicial de desaparición forzada a ejecución extrajudicial, un delito que podría llevar a penas de hasta 34 años de prisión. Los 16 militares permanecen en prisión preventiva, mientras la justicia avanza en un caso que ha generado protestas masivas.
El gobierno de Daniel Noboa enfrenta una crisis por este crimen, ocurrido en el contexto del “Conflicto Armado Interno” decretado en 2024. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos han señalado al presidente, exigiendo justicia con el lema “Tu guerra los mató”.
El dolor de las familias es inmenso. Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, relató cómo su hijo lo llamó desesperado, pidiéndole que lo salvara. A pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar la tragedia. Los funerales de los menores, el 1 de enero de 2025, reunieron a cientos de personas en Guayaquil.
Este caso ha puesto en el centro del debate el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Expertos y juristas cuestionan las políticas de Noboa, advirtiendo que este crimen podría ser considerado un delito de lesa humanidad.
La sociedad ecuatoriana sigue exigiendo respuestas. La identificación de los restos y las confesiones de los militares han marcado un punto de inflexión, pero la búsqueda de justicia apenas comienza en un país sacudido por la violencia y la impunidad.