La Ciudad de México enfrenta una nueva ola de temor en sus sistemas de transporte público. Usuarios del Metro y Metrobús han denunciado una serie de pinchazos que, según reportes, buscan sedar a las víctimas. Entre el 14 de marzo y el 19 de abril, la Fiscalía General de Justicia capitalina registró nueve casos, afectando a siete mujeres y dos hombres de entre 16 y 44 años. Los síntomas reportados incluyen mareos, somnolencia y, en algunos casos, vómitos, generando pánico entre los capitalinos.
Las autoridades, encabezadas por la jefa de Gobierno Clara Brugada, han respondido con un protocolo de atención que incluye pruebas toxicológicas y mayor vigilancia. Sin embargo, los resultados son preocupantes: de los exámenes realizados, solo un caso dio positivo a una sustancia que provoca somnolencia, y no se ha confirmado si fue administrada intencionalmente. Esto levanta dudas sobre la efectividad de las medidas y la capacidad del gobierno para esclarecer estos incidentes.
Un caso que se viralizó en redes sociales ilustra la gravedad del problema. El 5 de abril, una joven en el Metro sintió un pinchazo en la espalda y comenzó a marearse. Una desconocida se acercó para “ayudarla”, pero la víctima, desconfiada, buscó apoyo de las autoridades. Este tipo de experiencias ha encendido las alarmas, pues los usuarios temen que los pinchazos sean un preludio de delitos más graves, como robos o incluso secuestros.
La Fiscalía capitalina insiste en que no hay evidencia de intentos de secuestro o agresiones sexuales ligados a estos casos. Sin embargo, la percepción de inseguridad crece. Los ciudadanos cuestionan la falta de avances concretos en las investigaciones, mientras los reportes de pinchazos no cesan. La incertidumbre se agrava por la ausencia de detenciones relacionadas con estos incidentes.
Clara Brugada ha destacado un plan para triplicar las cámaras de videovigilancia en el Metro, una medida que, según ella, ayudará a prevenir estos actos. No obstante, la promesa suena lejana para quienes diariamente enfrentan vagones abarrotados y la sensación de vulnerabilidad. La ciudadanía exige resultados inmediatos, no solo anuncios de futuros proyectos.
Organizaciones como “No es una, somos todas” han emitido recomendaciones claras: no quedarse solo tras un pinchazo, evitar dormir y acudir de inmediato a un hospital. También insisten en la importancia de denunciar, aunque la lentitud en las investigaciones desanima a muchos. La desconfianza hacia las autoridades crece en un contexto donde la inseguridad parece desbordada.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Sistema de Transporte Colectivo han reforzado la presencia de policías en estaciones y vagones. Además, se ha difundido un protocolo: jalar la palanca de emergencia en caso de un pinchazo o acercarse al personal de seguridad. Sin embargo, estas medidas no han logrado tranquilizar a los usuarios, quienes sienten que el gobierno reacciona tarde ante una crisis que pone en riesgo su integridad.
El aumento de casos, que ya suman 20 según reportes recientes, evidencia un problema que el gobierno de Morena en la capital no ha sabido contener. La falta de claridad sobre las sustancias utilizadas y los responsables detrás de los pinchazos alimenta el miedo. Mientras tanto, los capitalinos se preguntan cuánto tiempo más deberán viajar con temor en el transporte público.
La situación ha generado un debate sobre la seguridad en la Ciudad de México. Los usuarios exigen no solo más cámaras, sino una estrategia integral que ataque de raíz la delincuencia en el transporte. La presión recae sobre Clara Brugada, cuya gestión enfrenta un nuevo desafío en un contexto de creciente descontento social.
Los pinchazos en el Metro y Metrobús son un reflejo de la inseguridad que azota a la capital. Cada nuevo caso profundiza la sensación de abandono entre los ciudadanos, quienes esperan respuestas concretas. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se garantizará un transporte público seguro para todos?