La Cámara de Diputados, dominada por Morena, aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos con 330 votos a favor y 129 en contra, pero no sin antes enfrentar fuertes cuestionamientos de la oposición. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, prometía modernizar y digitalizar los procesos gubernamentales, pero desató controversia por su impacto en el federalismo y la autonomía de los estados.
La oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, acusó a Morena de intentar centralizar el poder con esta ley. Argumentaron que la propuesta original otorgaba al gobierno federal un control excesivo sobre los trámites estatales y municipales, debilitando la soberanía de las entidades. Las críticas señalaron que la ley permitía al Ejecutivo imponer regulaciones sin respetar las particularidades de cada región.
Ante las acusaciones, Morena presentó reservas de última hora para modificar el dictamen. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, defendió los cambios, asegurando que ahora la ley respeta el federalismo y protege la autonomía de estados y municipios. Sin embargo, la oposición calificó estas correcciones como insuficientes y denunció que el proceso legislativo fue apresurado y poco transparente.
La nueva ley establece que todos los trámites gubernamentales deben ser claros, digitales y rápidos. Además, introduce la CURP con datos biométricos como documento oficial único, lo que, según el gobierno, simplificará los procesos para los ciudadanos. No obstante, detractores advierten que esta medida podría facilitar la discrecionalidad y el mal uso de datos personales.
El PAN, a través de la diputada Annia Gómez, expresó su preocupación por la creación de una agencia federal que supervise los trámites. Según la legisladora, esta entidad carece de contrapesos y podría convertirse en una herramienta para concentrar poder en manos del gobierno de Sheinbaum. El PRI también criticó que la ley no garantiza una verdadera modernización, sino que abre la puerta a decisiones arbitrarias.
Otro punto de controversia fue la falta de un dictamen claro antes de la votación. Diputados opositores denunciaron que Morena violó el proceso legislativo al presentar modificaciones sin dar tiempo suficiente para su análisis. Esto, aseguraron, refleja una estrategia para imponer la agenda del gobierno sin diálogo ni consenso.
A pesar de las críticas, Morena y sus aliados del PT y PVEM celebraron la aprobación como un paso hacia la eficiencia administrativa. Según la bancada oficialista, la ley pondrá fin a décadas de ineficiencia y corrupción en los trámites gubernamentales. Sin embargo, la oposición insiste en que los cambios realizados no resuelven los problemas de fondo.
La ley ahora pasará al Senado, donde se espera un nuevo round de debates. Analistas anticipan que la oposición intentará frenar o modificar la iniciativa, argumentando que aún pone en riesgo el equilibrio entre el gobierno federal y las entidades. Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum defiende la ley como una herramienta clave para su proyecto de transformación.
El episodio revela las tensiones entre Morena y la oposición en un Congreso polarizado. La rapidez con la que se aprobaron las modificaciones y las acusaciones de opacidad han avivado las críticas hacia el oficialismo. Para muchos, esta ley es un reflejo de la lucha de poder entre un gobierno que busca consolidar su control y una oposición que intenta preservar los contrapesos democráticos.