Una coalición de 18 fiscales generales de Estados Unidos, liderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, ha dado un paso firme en defensa de los inmigrantes haitianos. Este grupo presentó un documento legal en una corte federal de Nueva York para oponerse a la decisión de la administración de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de haitianos. La medida, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, busca revocar las protecciones que permiten a estos migrantes vivir y trabajar legalmente en el país.
El TPS es un programa migratorio que otorga permisos temporales a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres naturales. En el caso de Haití, las protecciones se implementaron tras el devastador terremoto de 2010 y se han extendido desde entonces debido a la persistente inestabilidad política, económica y social. Actualmente, más de 56,000 beneficiarios del TPS residen en Nueva York, incluyendo 5,400 haitianos en la ciudad de Nueva York, quienes forman parte integral de sus comunidades.
La moción presentada por los fiscales argumenta que eliminar el TPS para los haitianos no solo es cruel, sino que también carece de justificación legal. Según el documento, la decisión de la administración Trump ignora las condiciones peligrosas en Haití, donde la violencia, la pobreza y la falta de recursos básicos hacen inviable el retorno de estos migrantes. Forzar su deportación, advierten, pondría en riesgo sus vidas y desestabilizaría a las familias que han construido una vida en Estados Unidos.
Letitia James, quien encabeza esta coalición, destacó el impacto humano de la medida. En Nueva York, los inmigrantes haitianos contribuyen significativamente a la economía y la cultura. Despojarlos de su estatus legal no solo afectaría a los beneficiarios del TPS, sino también a sus hijos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. La fiscal subrayó que la decisión de la administración Trump no hará que las comunidades sean más seguras, sino que generará miedo y división.
La coalición también cuestiona la legalidad del proceso seguido por el Departamento de Seguridad Nacional. Según los fiscales, la revocación del TPS para los haitianos se basa en argumentos débiles y no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Este no es el primer intento de la administración Trump de desmantelar el programa; en su primer mandato, enfrentó múltiples demandas que lograron frenar medidas similares contra haitianos, venezolanos y otros grupos.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han respaldado la acción de los fiscales. Líderes comunitarios en Nueva York y otros estados han expresado su preocupación por el impacto devastador que tendría la deportación de miles de haitianos. En lugares como Little Haiti, en Miami, la comunidad ya enfrenta incertidumbre tras años de promesas incumplidas por parte de Washington.
La decisión de la corte federal en Nueva York será crucial. Si los fiscales logran bloquear la revocación del TPS, miles de haitianos podrían mantener su estatus legal y continuar contribuyendo a sus comunidades. Sin embargo, una resolución desfavorable podría desencadenar deportaciones masivas, separando familias y dejando a muchos en un limbo migratorio.
Este caso pone de manifiesto las profundas divisiones en la política migratoria de Estados Unidos. Mientras la administración Trump insiste en endurecer las medidas contra los inmigrantes, los fiscales generales demócratas abogan por un enfoque más humano. El futuro de los beneficiarios del TPS sigue en el aire, pero la coalición de fiscales está decidida a pelear hasta el final por los derechos de los haitianos.